Foto: Cuartoscuro / archivo / Los ministros acordaron, en su sesión de este miércoles, que la discusión de ese tema se realizará en el Pleno de la Corte y por sus 11 integrantes, en una fecha que no fue precisada

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será el que analice y vote sobre la constitucionalidad del acuerdo presidencial para que las fuerzas armadas participen en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024.

La discusión del proyecto de sentencia de la ministra Margarita Ríos-Farjat, que avalaba la participación del Ejército y Marina en tareas policiales -es decir, el documento del presidente Andrés Manuel López Obrador emitido hace un año-, estaba prevista en la Primera Sala.

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Sin embargo, los ministros acordaron, en su sesión de este miércoles, que la discusión de ese tema se realizará en el Pleno de la Corte y por sus 11 integrantes, en una fecha que no fue precisada.

“Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años”, indica dicho acuerdo.

El proyecto de la ministra Ríos-Farjat avala el acuerdo presidencial, por lo que de votarse a favor, quedaría firme la participación de los militares como policías.

Al respecto, el colectivo Seguridad sin Guerra señaló que la Corte pretende dar un albazo militarista, por lo que llamó a los ministros a “no dar un cheque en blanco” a las fuerzas armadas.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría poner un límite al uso desmedido, opaco y sin control que este gobierno ha hecho de las fuerzas armadas, particularmente, en funciones relacionadas con la seguridad pública”, indicó en un comunicado.

“Reiteramos el llamado público y formal al ministro presidente Arturo Zaldívar, quien ha ignorado nuestra petición de celebrar audiencias públicas previas, en la que los ministros puedan escuchar a las partes, así como a víctimas de crímenes atroces cometidos por las fuerzas armadas”, apuntó.

LEG