A un año de haberse establecido el Consejo de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), 48 servidores públicos han sido investigados por causas administrativas y, luego de tres sesiones ordinarias y dos extraordinarias, 43 de ellos fueron sancionados.
En un comunicado la FGJ señaló que de ese universo, 20 fueron destituidas de su cargo, 12 fueron suspendidas y 11 amonestadas.
“Cabe que resaltar que a cinco servidores públicos no se les encontró responsabilidad administrativa alguna, tras llevarse a cabo las investigaciones“.
Por otra parte, la Unidad de Asuntos Internos determinó que mientras se efectúan las investigaciones, se ha suspendido temporalmente a 76 servidores públicos, de los cuales, 42 son agentes del Ministerio Público, 21 Oficiales Secretarios, ocho responsables de Agencia y cinco peritos.
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Entre los casos de servidores públicos sancionados, destacan :
En diciembre de 2019, la evaluación realizada por el Centro de Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a un agente del Ministerio Público, detectó que el servidor público había sido acusado de torturar psicológicamente a una persona para que se declarara culpable.
Además, pudo no haber realizado las investigaciones necesarias para esclarecer un homicidio, ya que habría omitido recopilar datos para la investigación al considerarlo innecesario.
También, pudo haber hecho mal uso de la información vulnerable de los casos y habría ordenado a su oficial secretario manipular información de varios oficios.
Por otra parte, la misma evaluación fue practicada (en ese mismo mes y año) a una agente del Ministerio Público y se pudo conocer que ella se llevaba las carpetas de investigación a su domicilio, así como información en formatos físico y digital; incluso, habría aprovechado su posición como funcionaria para obtener beneficios económicos, posiblemente al vender, filtrar y alterar la información.
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En otro hecho, un Oficial Secretario pudo haber solicitado dinero en efectivo a una persona, a fin de liberar a un detenido que se encontraba en la agencia del MP Iztacalco 3, por el delito de portación de objetos aptos para agredir.
En septiembre de 2020, una agente del Ministerio Público habría solicitado dinero en efectivo a los padres de una víctima fallecida, a fin de entregarles copia de la carpeta de investigación; además, para la entrega del cuerpo, pudo haberlos condicionado a contratar los servicios de una funeraria en específico.
OH