El presidente Andrés Manuel López Obrador amenaza a los legisladores que no respalden su contrarreforma en materia eléctrica con denunciarlos en la mañanera.

Eso constituye un abuso de la tribuna que más poder concentra este país, cuando las reglas de la democracia permiten disentir con libertad. Pero al menos obliga a que se asuma una postura abierta e inmediata ante la propuesta más peligrosa que ha lanzado en todo lo que va de su administración.

El Presidente sabe de la obediencia de su bancada, tanto de Morena como del resto de los partidos políticos que tiene como aliados. Pero también desde la cumbre de la 4T hay la certeza de que pueden alinear a su causa a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional que sean necesarios para dar este peligroso salto atrás en materia eléctrica.

Algunas carpetas habrá como para que el propio López Obrador adelantara desde el 7 de junio, el día siguiente de las elecciones, que buscaría hacer alianza con los priistas. “Si quisiera tener mayoría calificada, se podría lograr un acuerdo con legisladores del PRI”, dijo el Presidente quien presume que su pecho no es bodega.

Hoy eso cobra sentido y angustia a cualquiera que entienda el nivel de destrucción que tendría para la economía del país la aprobación de la contrarreforma eléctrica recién planteada.

Hay una forma sencilla en que los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador se pueden dar cuenta que no siempre tiene la razón.

Cuando llegó a la presidencia desarticuló el Estado Mayor Presidencial que estaba destinado a cuidar a una institución, no a un luchador social.

Andrés Manuel López Obrador juró el cargo como Presidente de la República y es su obligación cuidar de esa investidura. No le gusta que le reclamen nada, porque según él se raspa la investidura, pero no cuida la institución que representa desde el momento en que pone al cargo de su seguridad a una “ayudantía” mal preparada que solo ha servido de bolsa de trabajo.

Van al menos dos ocasiones en que esos ayudantes mal preparados han puesto en peligro la institución presidencial. Una en Chiapas con la CNTE y este pasado fin de semana en Puebla con el portazo de los damnificados del huracán Grace que fueron dejados a su suerte.

El presidente López Obrador tiene que ser protegido, aunque él no quiera y en eso pueden estar de acuerdo muchos de sus fieles seguidores, aunque no se atrevan a externarlo.

Nadie debería quedarse callado exigiendo que cuiden al presidente, como tampoco es posible que quieran callar a los legisladores que tengan la certeza de que esta contrarreforma eléctrica resultaría en un daño muy grande para nuestro país.

Cuesta trabajo creer que pueda haber legisladores de oposición, claramente priistas, que se atrevan a darle la espalda a una reforma energética que saben que va en el sentido correcto.

Es comprensible el temor de la denuncia pública o judicial por emitir un voto de libre conciencia, pero que no les quede duda que el juicio histórico de una decisión mal tomada será mucho más contundente que lo que pueda hacer esta administración durante el tiempo que le resta.

 

@campossuarez