La Cumbre México-Estados Unidos en la Casa Blanca el pasado jueves 9 de septiembre reconfirmó un diálogo entre dos monólogos irreductibles. De nueva cuenta la reunión terminó -y este dato es significativo- sin un comunicado conjunto y promesas de entendimiento… para más tarde.

México tiene muy clara la dependencia derivada del Tratado de Libre Comercio 1.0 y 2.0, pero a diferencia de la sumisión de Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, hoy López Obrador quiere fijar las coordenadas de un nacionalismo autonomista.

La reunión de la semana pasada no fue entre presidentes, sino entre la vicepresidenta y el canciller mexicano investido de representación de Estado. Los dos, por cierto, parecen conocerse bien, Kamala Harris sigue sin entender la política mexicana y los dos son potenciales candidatos presidenciales para las elecciones en 2024 en sus respectivos países.

La autodenominada administración Biden-Harris tiene su proyecto para México: subordinar al vecino a la lógica de los “intereses nacionales” estadounidenses. Y asume a México como parte de Norteamérica y quisiera que México representara de manera delegada a EU en los conflictos al sur del Suchiate.

La estrategia de López Obrador parece coincidir con las intenciones estadounidenses, pero quisiera ser tomado en cuenta por EU como socio y no como intendente. Y como Biden profundiza la sordera imperial, entonces México no se someterá al mando autoritario de la Casa Blanca. La estrategia de México se basa en el criterio de que Washington necesita más a México por la zona fronteriza de inseguridad nacional estadounidense que al revés.

Los tres temas más difíciles quedaron sin analizar: migración a través de México, narcotráfico y cárteles mexicanos impunes en EU.

Zona Zero

La aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Armada de México complementa la reorganización de la Secretaría de la Defensa Nacional para construir una nueva estructura de seguridad del Estado dividida en dos escenarios: el político-administrativo de supervisión civil y el de estructura de las fuerzas armadas operativas. Esta reorganización también moderniza la seguridad nacional del Estado mexicano. Ahora sólo falta la Ley de Seguridad Interior para darle marco jurídico a las fuerzas armadas en su función de garante de la soberanía interna del Estado para el desarrollo, el bienestar y la democracia.

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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