La amenaza de muerte de una presunta célula del Cártel Jalisco Nueva Generación contra una periodista y tres medios periodísticos es una gran oportunidad para concluir que los mecanismos de protección del Estado a la libertad de expresión no funcionan y que los medios de comunicación deben de construir sus propias estructuras de defensa contra las intimidaciones criminales.
A Manuel Buendía lo asesinaron en 1984, en 1997 el Cártel de los Arellano atentó de manera artera contra el periodista Jesús Blancornelas y en el 2017 hubo atentados contra el periodista sinaloense Javier Valdez y contra la periodista chihuahuense Miroslava Breach. Estos y decenas de otros casos similares nunca fueron investigados con seriedad por la autoridad en los últimos años.
Por ello, los medios y los periodistas deberían construir su estructura de defensa. Y hay algunas ideas circulando:
1.- Crear una comisión especializada de periodistas para revisar y publicitar los casos y la falta de voluntad gubernamental.
2.- Crear una ONG especializada para supervisar los casos en litigio donde la autoridad ha burocratizado la investigación en aras de entorpecerla.
3.- Establecer conexión directa con las organizaciones intergubernamentales de Derechos Humanos en América Latina, a fin de abrir espacio a quejas.
4.- Crear una ley de protección de la libertad de expresión que obligue al estado y el Gobierno a cumplir con su función de garantizar el derecho a la información.
5.- Eliminar la visitaduría de periodistas de la CNDH y la oficina de investigación de agresiones a periodistas en el área judicial del Gobierno y crear una fiscalía autónoma de defensa del derecho a informar.
6.- Y entre otras necesidades, establecer que los editores ofrezcan seguros de vida a los periodistas y comentaristas que escriban sobre temas de seguridad.
Zona Zero
- Y si en Estados Unidos se decidió la reapertura del caso del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar asesinado en México por funcionarios públicos aliados al cártel de Guadalajara, es importante que los periodistas exijan la reapertura del caso del asesinato del columnista Manuel Buendía, porque el Gobierno de Salinas de Gortari aplicó una solución política y de protección del Gobierno de su antecesor Miguel de la Madrid en cuyo escenario ocurrió la agresión.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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