Foto: Archivo Asimismo, pide el seguimiento de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para garantizar la reparación integral del daño a los familiares  

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) hizo un llamado urgente a las autoridades en materia de seguridad y salud en el estado a esclarecer la muerte del joven veracruzano, José Eduardo Ravelo, esto con especial atención a la relación de este suceso con actos discriminatorios y la afectación a su dignidad.

“Ante los hechos que privaron de la vida a un joven detenido en el centro de Mérida, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán se pronuncia en contra de todo acto de autoridad motivado por discriminación, estigma y estereotipos que atenten en contra la dignidad de un ser humano”, indicó la instancia mediante un comunicado.

Asimismo, insistió en la urgencia de garantizar un eficaz acceso a la justicia para evitar la impunidad, y de esta manera, se podrán sentar las bases para la no repetición de este hecho.

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Según indican, desde el pasado 30 de julio, cuando la madre de la víctima acudió a la Comisión a interponer la queja, inició el proceso de investigación de los hechos que involucran a agentes de la Policía de Mérida, al personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y del Hospital Agustín O’Horán.

“La Codhey nuevamente ofrece a la familia de la víctima el acompañamiento durante el proceso, y advierte que estará vigilante de las investigaciones que se realizan para determinar los motivos de la detención”, abundan.

Asimismo, pide el seguimiento de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para garantizar la reparación integral del daño a los familiares.

Urge garantizar apego a derechos humanos

En el comunicado la Comisión señala que el 83.33% de las recomendaciones emitidas por este organismo fueron en relación a violaciones de libertades fundamentales, en específico, en el contexto de seguridad pública y acceso a la justicia.

Además se emitieron medidas cautelares, en las que primordialmente se solicitaron garantizar los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, la integridad y el libre tránsito.

“Ante estos hechos, este organismo se pronuncia por la urgencia de garantizar el derecho a la legalidad y seguridad pública, en virtud de que constituye un elemento primordial para consolidar un eficaz sistema de libertades”.

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Señalan la necesidad de que las fuerzas policíacas, estatales y municipales, reciban capacitación en materia de derechos humanos y en el uso adecuado de la fuerza pública, por hechos que dentro del ámbito de su competencia vulneran derechos humanos.

Además, que es imprescindible implementar la profesionalización de las y los servidores públicos encargados de la seguridad pública y que ésta sea evaluable, continua y permanente, desde un aspecto cuantitativo, pero también cualitativo.

Respecto a las autoridades sanitarias, se pide garantizar la atención de todas las personas que acudan a solicitar los servicios y evitar la comisión de actos discriminatorios que vulneren la dignidad, así como el derecho a la salud y vida de los agraviados.


EAM