Foto: Especial La titular de la Segob afirmó que el proceso penal de Vallarta podría alargarse ya que el 19 de julio su abogado presentó nuevas pruebas documentales  

En mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que firmará un decreto presidencial que busca la liberación de presos que hayan sido torturados y quienes no hayan recibido sentencia en más de 10 años.

Israel Vallarta, desde 2005 permanece encarcelado y sin sentencia, aunado a que durante su detención junto con la ciudadana francesa Florence Cassez fue presuntamente, víctima de tortura.

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El subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas, detalló en la conferencia matutina que el protocolo de Estambul aplicado a Israel Vallarta dio positivo, por lo que las pruebas obtenidas deberían ser invalidadas y debe ser puesto en libertad.

Pese a estos dichos Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, dijo que esto solo beneficiaría a Vallarta en una de las dos causas penales que tiene acumuladas, y recordó que es acusado de la presunta comisión de los delitos de: secuestro, delincuencia organizada, portación de armas y cartuchos de uso exclusivo.

“Esta estrategia lo beneficiaría para una de las dos causas penales que tiene acumuladas. Si a esta estrategia se le aplicara el precedente Cassez, es previsible, muy probable, que sea absuelto en dicho asunto. Sin embargo, continúa la causa penal pendiente”, añadió Sánchez Cordero.

La funcionaria también detalló que ni su defensa legal ni Vallarta, preso por presuntamente liderar la banda Los Zodiaco, han aceptado la estrategia planteada por las autoridades para liberarlo, consistente en promover incidente de libertad por desvanecimiento de datos.

Finalmente la titular de la Segob afirmó que el proceso penal de Vallarta podría alargarse ya que el 19 de julio su abogado presentó nuevas pruebas documentales, por lo que el juez no puede dictar sentencia hasta que estas sean desahogadas.

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Hay que recordar que en 2013 Cassez fue liberada tras una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por inconsistencias en su detención y, aún más importante, la violación de sus derechos humanos.

Cabe mencionar que el plazo de liberación por el decreto promovido por el presidente no será mayor al 15 de septiembre.

klcg