La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad contra varias disposiciones de las leyes de la Fiscalía General de la República (FGR), General en Materia de Desaparición Forzada y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras.
Dichas reglamentaciones entraron en vigor en mayo pasado, por lo que Derechos Humanos consideró que al menos cinco artículos también de las leyes para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, son violatorios de las garantías.
El organismo autónomo considera que ese paquete legislativo, impulsado por la autoproclamada cuarta transformación, transgrede “los derechos a la seguridad jurídica, de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo, de acceso a un empleo público, así como los principios de legalidad y presunción de inocencia”.
De acuerdo con su diagnóstico, la participación, actuación e integración de la Fiscalía General de la República en diversas instituciones, interfiere con un pleno y optimo desempeño de sus funciones en el marco de los respectivos ordenamientos que rigen cada sistema, mecanismo o comisión del que se trate.
Otra de las razones para controvertir las leyes es que se “advierte que, la participación activa de las víctimas de violaciones a derechos humanos en los planes de investigación no se considera; en consecuencia, no se garantiza el derecho de las víctimas a coadyuvar activamente con el Ministerio Público. De igual manera, ha sido retirada la participación de la Fiscalía General como integrante en los órganos colegiados de toma de decisiones de diversas Instituciones relacionadas con las víctimas”.
Por otra parte, la FGR señaló que la nueva ley “tiene por objeto establecer la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones de la Fiscalía General de la República, así como la organización, responsabilidades y función ética jurídica del Ministerio Público de la Federación y demás personas servidoras públicas”.
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