Familiares de las víctimas del siniestro ocurrido el pasado 3 de mayo en la Línea 12 (L-12) del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) han comenzado a recibir un documento, el cual es el preámbulo para que les sea entregada la indemnización correspondiente, y en el que se especifica que lo ocurrido fue un “acontecimiento ferroviario”.
Además, a quien firma el documento se le prohíbe difundir los términos del acuerdo.
En la cláusula séptima, referente a la confidencialidad, se estipula que ni los afectados, ni sus abogados o asesores, podrán revelar información sobre este documento o comunicarla por ningún medio a terceros, “so pena del pago de daños, perjuicios y demás sanciones legales”.
En el documento, en poder de este diario, se precisa que la información que se puede divulgar es únicamente “aquella que deba considerarse pública, según lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
Asimismo, en la cláusula quinta se detalla que los firmantes (es decir, las partes) están “enteramente conformes” con todo lo expuesto, y manifiestan que en la celebración del convenio no existe dolo, error, violencia, mala fe o la existencia de algún vicio en el consentimiento que pueda “ser causa de cualquier tipo de nulidad del presente instrumento jurídico”.
Con lo anterior, en caso de haber alguna discrepancia futura, emprender alguna otra acción legal derivada del siniestro se torna difícil, ya que en la misma cláusula se establece que las partes se obligan a cumplir el acuerdo “en cuanto de hecho y derecho corresponda”.
En el texto se lee que los firmantes aceptan la cuantificación de la indemnización como compensación económica documentada en el convenio, “como única y definitiva que en el derecho le corresponde por ‘el siniestro’ por concepto de reparación integral del daño”.
El pasado 17 de mayo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (Ceavi) había afirmado que en el transcurso de esa semana comenzaría el pago de la indemnización por parte del Seguro Institucional del STC Metro.
El monto de indemnización para las víctimas será de 650 mil pesos, según informó en su momento la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum.
Suman segunda denuncia por el colapso en Metro
Por: Daniela Wachauf
Con la ayuda de una andadera para adulto, Rigoberto Quiroz -lesionado por el desplome de la Línea 12 (L-12) del Metro- descendió de un vehículo y junto con Enrique Bonilla, quien también resultó herido, presentaron una segunda denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en contra de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; Florencia Serranía, directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC), y otros 20 servidores y exservidores públicos.
Teófilo Benítez, abogado de las víctimas, dijo que los probables delitos son: lesiones dolosas, homicidio doloso, fraude, peculado, coalición de servidores públicos, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.
En las afueras de la FGJ, el representante legal dijo que con estos delitos -algunos del ámbito federal- se enviará un desglose a la Fiscalía General de la República, para que sean investigados los señalados. “Estamos pidiendo la reparación del daño porque ellos tienen un derecho y es irrenunciable”, explicó Benítez y resaltó que ha habido muchas trabas e inclusive las autoridades han tratado de esconder datos.
Quiroz, pareja de Marisol Tapia, madre del menor Brandon que falleció en la tragedia, expresó que las autoridades no los ayudan.
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