Lo que ha marcado las decisiones más controversiales de este Gobierno ha sido la necesidad de cumplir con un solo requisito, que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tenga que negociar, ni política ni comercialmente con nadie, sino que simplemente tenga la facultad de ordenar, de girar una instrucción, y listo.

Era mucho más barato para las finanzas públicas y una mucho mejor señal para los mercados que la 4T hubiera optado por mantener la construcción del aeropuerto en Texcoco, después de aplicar todas las auditorías que quisiera López Obrador para limpiar de esa supuesta corrupción que, según él, invadían la obra.

Habría tenido que negociar con las empresas privadas que construían la obra desde el nombre del aeropuerto hasta el destino de los terrenos aledaños. Pero no.

A pesar de que no se encontró una sola evidencia de corrupción, la decisión fue cancelar la obra al costo que fuera para, en su lugar, parchar una base militar insuficiente y muy lejana de la Ciudad de México. Pero eso sí, al ser terrenos de la Secretaría de la Defensa Nacional y con mano de obra del propio ejército, nunca habría necesidad de negociar con nadie. Las órdenes del comandante supremo eran más que suficientes, aunque al país le implicaran costos económicos y de confianza descomunales.

La 4T ha acabado con las autonomías de todas las instituciones con las que ha podido y va por más, incluido el Instituto Nacional Electoral. Porque así no hay reglas que se interpongan a sus deseos.

Las contrarreformas eléctrica y petrolera tienen la misma inspiración, controlar la generación de energéticos simplemente dando órdenes, sin necesidad de atender a las condiciones del mercado.

La construcción de la refinería de Dos Bocas en los pantanos de Tabasco será mucho más cara de lo proyectado y no estará a tiempo, pero acerca al Gobierno de López Obrador al deseo de controlar el mercado de combustibles.

La compra del 50% de las acciones de la refinería texana de Deer Park, que Pemex comparte con Shell, tiene la misma lógica de poder mandar sobre los precios de las gasolinas en el mercado mexicano.

Son 12 mil millones de pesos por la compra, más el absorber una deuda de casi 20 mil millones de pesos que tiene la refinería en Houston y todo para tratar de controlar todo el mercado de gasolinas de México y poder cumplir con la promesa de campaña de poner el precio que el Presidente quiera para estos combustibles.

No hay ninguna lógica económica, ni de desarrollo para el país, en una larga lista de decisiones que ha asumido la 4T durante estos dos años y medio. Al contrario, muchas decisiones han resultado en costos enormes para las finanzas públicas y un deterioro de la confianza que existe para invertir en México.

Pero cumplen con esa condición de eliminar la necesidad de las negociaciones para concentrar todo en la decisión única e incontrovertible del presidente López Obrador.

 

@campossuarez