No sólo las ejecuciones, amenazas y secuestros a los candidatos por parte de los grupos delictivos representan ataques que vulneran el proceso electoral 2021, también las mentiras, falacias e insultos a las autoridades electorales son francos golpes que minan la credibilidad del proceso y lo dañan.

En unas elecciones tan violentas, en las que han sido asesinados 13 candidatos y 148 tienen que ser protegidos por la Policía, los partidos políticos y el Gobierno deberían unirse y cerrar filas para rechazar la violencia y proteger a los aspirantes a cargos de elección popular, así como fortalecer a las autoridades electorales. Pero no es así, al contrario, desde el poder y con todo el poder se han enfocado las baterías, principalmente contra quienes organizan el proceso y contra quienes deben garantizar que se efectúen dentro de la ley.

En una pantalla colocada a un costado del Presidente, en Palacio Nacional, desfilan casi a diario fotos y nombres de personajes que piensan distinto al Gobierno, para ser denostados y exponerlos a los insultos de los seguidores que no cuestionan ni las contradicciones más evidentes de su líder con el argumento de que se está denunciando la corrupción. Y, por el contrario, no ha aparecido una sola foto o nombre de los miembros del partido de Andrés Manuel López Obrador, también cuestionados por presuntas irregularidades.

Disentir y ser oposición es un derecho en una democracia, pero en México poco a poco se convierte en algo reprobable, a tal grado que a los opositores se les condena y se les insulta; se les ha convertido en un enemigo al que hay que despreciar. La diversidad de ideas enriquece a un país y así debería verse.

Las exposiciones en la pantalla de Palacio Nacional han pasado de una supuesta denuncia de corrupción a la identificación de enemigos. Para justificarlas como denuncias debería reinar la transparencia y la equidad y exponer a todos, no sólo a la oposición.

La Unidad de Inteligencia Financiera podría hacer públicos cuáles son los candidatos a los que investiga, si tiene alguna indagación sobre los bienes de Alfonso Durazo, candidato a gobernador en Sonora; de Ricardo Gallardo, el candidato en San Luis Potosí del PVEM, partido aliado del Presidente; o sí existe una investigación sobre Félix Salgado Macedonio. Y de ser así, esperar que la pantalla del Ejecutivo federal también exhiba sus rostros y sus bienes.

Habría que preguntar a Mario Delgado si el bajar de una candidatura a un hermano de Santiago Nieto tiene que ver con una supuesta petición para que el titular de la UIF interviniera ante su pareja, la consejera Carla Humphrey, para votar contra el proyecto que le quitaba la candidatura a Salgado Macedonio, hecho, por el cual el guerrerense se dedicó a hablar de traición. Y de ser así, también contar esa historia en la mañanera porque ese intento de tráfico de influencias también es delito.

#LoboSapiens

El próximo proceso electoral quitó el velo de demócratas a aquellos que sólo buscan el poder, mantener un “hueso”… o una palmadita en la espalda.


   @chimalhuacano