Con el agotamiento del sexenio de Enrique Peña Nieto y las preferencias electorales consolidándose en favor de Andrés Manuel López Obrador, antes de la elección del 1 de julio de 2018 hubo al menos dos reuniones entre colaboradores cercanos al entonces Presidente y un grupo designado por el candidato.
Poco después, uno de ellos confesaría en una reunión que le sorprendía creer que el Gobierno priista sí los iba “a dejar llegar” a la Presidencia y que no buscara mantener el poder a toda costa, y cuándo le preguntaron por qué de esa sorpresa, él respondió: “el poder no se entrega”.


Quienes escucharon en aquella ocasión al colaborador de AMLO –que fue secretario de Gobierno de la Ciudad de México– decir que “el poder no se entrega”, ahora están pendientes del curso de las investigaciones de los casos de Adrián de la Garza y otros candidatos denunciados ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) para conocer si el comentario de aquel funcionario fue de pasillo o es la forma de pensar del grupo más cercano al Presidente.


De ser así, se entenderían muchas afirmaciones y reformas encaminadas en el Senado y en San Lázaro, con la idea firme de que el grupo ganador no tiene las intenciones de entregar el poder… cuando menos en el futuro inmediato. Y también cobraría lógica la dimensión que se le dio a las investigaciones y acusaciones contra los candidatos punteros en las campañas por el Gobierno de Nuevo León.


El caso de Samuel García es distinto al de De la Garza, porque la UIF sólo presentó información que le requirió la FEDE y no presentó denuncia. Lo que no se ha informado es que esa información ya se tenía y que se podría utilizar después de la jornada electoral, pues López Obrador pidió a Santiago Nieto no presentar denuncias hasta después del 6 de junio.

#LoboSapiens
No ven lo que no quieren
A la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral ya le llaman “la sala ciega” porque deja pasar todos los tiros de AMLO. A pesar de que el Presidente está obligado a respetar los artículos 41 y 134 de la Constitución y no intervenir en las elecciones para proteger el principio de neutralidad e imparcialidad en los procesos electorales, han dejado pasar cuatro goles: dos medidas cautelares de tutela preventiva, y dos medidas cautelares de tutela inhibitoria. En todos los casos la Sala Regional ha exculpado al jefe del Ejecutivo, a pesar de la claridad de las pruebas.
Para entender más el tema desde el punto de vista político, más que jurídico y técnico, habría que revisar quiénes integran el pleno de “la sala ciega”: Rubén Lara Patrón, magistrado presidente designado por el senado en 2020, con la mayoría morenista encabezada por Ricardo Monreal; Luis Espinosa Morales, designado para el periodo 2020-2029, trabajó bajo las órdenes de Santiago Nieto en la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales entre 2015 y 2017; y Gabriela Villafuerte Coello, nombrada en 2014, concluye en 2023 y cuya postura ha sido más apegada a derecho que al interés de la 4T.

 

    @chimalhuacano