Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no cumple con el mandato constitucional que le ordena proteger la presunción de inocencia del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, el caso tendría que ser conocido y resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseveró el doctor en derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Enrique Díaz-Aranda.
Enfatizó que la corte suprema debe cumplir con ese mandato, o de lo contrario, tendrá que ser resuelto por instancias internacionales de mayor jerarquía.
“Porque aquellos que violentan en este caso, que pudieran ser incluso ministros, si no cumplen con el derecho y la obligación que tienen de garantizar a los mexicanos esa presunción de inocencia, entonces deben asumir su responsabilidad.
“Y esa responsabilidad no solo tiene que ser por no resolver en el ámbito de su competencia una clara violación, o futura violación, a un derecho humano de un mexicano, sino sobre todo, cuando se hacen a un lado y dicen: yo no resuelvo, yo no me quemo las manos, que sea otro, que sea el Tribunal Colegiado, ¡no!, en el ámbito de tu competencia no puedes resolver de forma, tienes que resolver de fondo”, señaló el investigador.
Aclaró que la Constitución ordena a todas las autoridades judiciales, incluida la SCJN, que proteja el derecho humano a la presunción de inocencia.
Los cargos
El exmandatario tamaulipeco está detenido desde 2017 con fines de extradición hacia Estados Unidos, donde una Corte de Distrito en Texas lo acusa de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, operación de negocio de envío de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.
Sin embargo, Díaz-Aranda comentó que la base de esa acusación parte de que Hernández cometió actos de corrupción durante su mandato; es decir, peculado en Tamaulipas.
“Mientras no se demuestre que cometió peculado no puede hablarse de lavado de dinero y no puede hablarse tampoco de asociación delictuosa y mucho menos se le puede enviar a un país, y menos a un estado que es proclive a sancionar a mexicanos con simples sospechas”, sentenció Díaz-Aranda.
Por este caso la defensa del exgobernador interpuso un amparo contra la extradición del tamaulipeco hacia Estados Unidos por considerarse inconstitucional y la cual resolverá la SCJN este miércoles.
El proyecto que se discutirá sobre el caso, elaborado por la ministra Ana Margarita Ríos-Farjat, establece que la decisión será negar el amparo al quejoso respecto a su reclamo de inconstitucionalidad de los preceptos 3 y 13 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.
Y se dejará que Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo resuelva los aspectos relacionados con vicios del acuerdo de extradición internacional reclamado y su ejecución.
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