Ley de Hidrocarburos ya suma 50 amparos en su contra: ICC

Claus Von Wobeser sostuvo en conferencia de prensa que, pese a que la reforma de Hidrocarburos está recién publicada, se esperan más recursos legales por parte de los agentes económicos

Ley de Hidrocarburos ya suma 50 amparos en su contra: ICC
Foto: Especial Especialistas prevén incertidumbre en la inversión del sector energético con la nueva Ley de Hidrocarburos.

Luego de la publicación de la reforma a la Ley de Hidrocarburos en el Diario Oficial de la Federación, se tienen interpuestos ya 50 amparos por parte de empresas afectadas por dicha modificación al sector energético, estimó la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés).

Claus Von Wobeser, presidente de dicha cámara, sostuvo en conferencia de prensa que, pese a que la reforma de Hidrocarburos está recién publicada, se esperan más recursos legales por parte de los agentes económicos, por lo que todo indica que el número de amparos seguirá al alza.

Añadió que entiende la preocupación del Gobierno federal por el contrabando de combustibles, por las alteraciones a los instrumentos de medición de hidrocarburos y por la necesidad de fortalecer el marco legal aplicable en el sector, sin embargo, subrayó que es necesario tomar en cuenta la importancia y necesidad de la inversión privada.

Afirmó que la modificación a dicha Ley genera incertidumbre a los permisionarios en cuanto a las obligaciones que deben cumplir al dar una excesiva discrecionalidad a la Secretaría de Energía, sin parámetros establecidos que indiquen la capacidad mínima de almacenamiento.

Aunado a esto, sostuvo que genera incertidumbre la duración sobre los permisos que puedan suspenderse, a lo que se agrega, que al incorporar conceptos como “peligro inminente”, “seguridad nacional”, “seguridad energética” y “economía nacional”, además de ser ambiguos, no se encuentran bien definidos y por lo tanto, podrían estar sujetos a una aplicación arbitraria.

“Resulta preocupante que, en caso de que la autoridad suspenda estos permisos, la operación de la infraestructura podría quedar a cargo de Pemex o de las empresas productivas del Estado, pudiéndose considerar estas medidas por los participantes del mercado como violatorias de derechos”, resaltó.

Ante ello, argumentó que prevalece la incertidumbre para inversionistas y además de que se ponen en riesgo a los tratados comerciales.

 

LEG