Desde el inicio del actual proceso electoral se han reportado 476 hechos delictivos en contra de políticos y candidatos a puestos de elección popular, mismos que han dejado 443 víctimas -64% más que en el anterior proceso electoral de 2017-2018-, 79 de ellas mortales.

De acuerdo con la cuarta entrega del Indicador de Violencia Política en México (IVP) de la consultora Etellekt, durante este proceso han perdido la vida en atentados 31 aspirantes y candidatos, pero solo en tres de estos homicidios dolosos las autoridades ministeriales han realizado detenciones de los presuntos autores materiales de los asesinatos de los aspirantes a presidencias municipales en los municipios de Juventino Rosas, Guanajuato; Cosoleacaque, Veracruz; y Chilón, Chiapas.

Además, precisa el documento, de las 443 víctimas globales, 282 son aspirantes y candidatos; de ellos, 195 buscaban cargos municipales (69%), 47 gubernaturas y diputaciones estatales (17%) y 40 diputaciones federales (14%)

Los 282 candidatos agredidos pertenecen a 31 entidades federativas y 205 municipios del país (8% del total), 16% al estado de Veracruz, con un total de 45 víctimas. Le siguen Guerrero (23), Oaxaca (20), Michoacán (20), Puebla (18), San Luís Potosí (15), Estado de México (14), Tabasco (14), Quintana Roo (12), Ciudad de México (11) y Guanajuato (10). Estas 11 entidades concentran 72% del total.

Etellekt señala que en el indicador de violencia letal, de los 79 políticos víctimas de homicidio doloso, Veracruz ocupa el primer lugar con un total de 14 víctimas (18% del total nacional). De los 31 aspirantes y candidatos asesinados, Veracruz ocupa también la primera posición, con un total de ocho víctimas mortales (26%).

De estos 31, 26 perseguían puestos municipales y 85% eran opositores a los alcaldes de los municipios donde buscaban contender electoralmente.

Los 3 aspirantes y candidatos que se postulaban por diputaciones estatales pertenecían a partidos opositores a sus respectivos gobernadores, y los dos aspirantes a diputaciones federales, estaban afiliados a partidos opositores al Gobierno federal.

 

LEG