El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Román García, aseveró que la dependencia no podrá acatar la resolución de un juez a un amparo por el cual ordenó el regreso al diseño anterior del espacio aéreo en el Valle de México.
En conferencia de prensa explicó que ayer conocieron de la suspensión provisional otorgada como medida cautelar a una ciudadana del Estado de México.
García explicó que está corriendo el plazo de 48 horas para implementar la decisión del juez, pero ese tiempo lo utilizarán para establecer la estrategia jurídica con la que informarán al juzgador de la imposibilidad técnica para acatar su resolución.
La semana pasada se conoció la decisión del juez octavo de distrito con sede en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, que admitió una de varias denuncias presentadas por vecinos y ordenó la suspensión temporal del nuevo diseño del espacio aéreo que entró en operación apenas el 25 de marzo.
La queja de la ciudadana apela al derecho humano a un ambiente sano, además de recriminar el aumento del ruido por el paso de las aeronaves.
El jurídico de la SCT explicó que volver al diseño aéreo no es algo que se pueda implementar de un día para otro.
“Hay que hacer del conocimiento de todos los operadores aéreos las nuevas cartas o manuales de navegación, lo cual se necesita más o menos un término de tres meses para poder hacer del conocimiento general de todos los operadores las nuevas rutas”, detalló el funcionario.
A la pregunta de si entonces la dependencia caería en desacato a una orden judicial, aseveró que no, “porque nadie está obligado a lo imposible y técnicamente no podemos hacerlo de un día para otro”.
Apenas miden impacto
El ordenamiento judicial también obliga a la autoridad a la presentación del estudio de impacto ambiental en la que se debió sustentar la decisión para modificar las rutas áreas de acceso y salida a la Ciudad de México.
Al respecto, el director general de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Carlos Rodríguez, expuso que los estudios de impacto ambiental no son obligatorios para este tipo de rediseño de espacio aéreo.
“Sin embargo, desde que empezaron las primeras quejas Aeropuerto y Servicio Auxiliares acompañando al Centro Nacional de Metrología llevando a cabo mediciones en varios puntos de las trayectorias en las que están sobrevolando las aeronaves en este momento con la intención de verificar que se apegan a la normatividad internacional”, indicó.
Por su parte, el subsecretario de Transportes, Carlos Morán, dijo sobre el amparo que los ciudadanos tienen derecho de manifestar lo que a su interés convenga.
“Naturalmente nosotros los respetamos en la medida en que le sirvan al bien común, que podamos demostrar al juez que se trata de que el bien común está por encima del interés particular.
“Estamos conscientes de que hay afectaciones por ruido en núcleos poblacionales que antes no habían tenido la frecuencia ni los niveles de intensidad de ruido que tienen, y que ahora los están teniendo”, expuso el subsecretario.
Sostuvo que estos están en niveles aceptables aunque con algunos picos y con “algunos aviones que están siendo ruidosos”.
Alistan cambios para permisionarios
La iniciativa de reforma a la Ley de Aviación Civil que envió el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados plantea, entre otros cambios, prohibir el cabotaje (transporte aeronáutico comercial entre puntos de un mismo Estado) por parte de permisionarios extranjeros en territorio nacional, y transferir los costos, luego de un accidente aéreo, al concesionario o permisionario.
En caso de siniestro, la reforma al artículo 80 indica a la letra que: “los costos directos que se originen por el rescate de la aeronave, la investigación, la preservación de los restos de la aeronave, correo, carga, el rescate de las víctimas y de sus bienes, la repatriación de los restos mortales, sobrevivientes y la asistencia a los familiares de la víctimas será por cuenta del concesionario o permisionario”.
Además, ahora establece que el objetivo de las investigaciones de accidentes o incidentes implementada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) será la prevención de estos en el futuro.
La reforma también plantea modificar el artículo 41, el cual plantea que la responsabilidad del comandante comprende desde el momento en que se hace cargo de la aeronave para iniciar el vuelo hasta su entrega a la autoridad competente o al representante del concesionario o permisionario, ahora comprenda desde el momento en que la aeronave está lista para moverse con el propósito de despegar hasta el momento en que se detiene por completo al finalizar el vuelo y se apagan los motores.
Consultado al respecto, el director general de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) Luis Noriega Benet, expresó que la iniciativa del Ejecutivo solo pretende ordenar el sector.
Lo que ahora parecen más obligaciones para los permisionarios, principalmente en caso de accidente, dijo que ya están establecidas en otros ordenamientos y normas y ahora solo se conjuntan.
Comisiones avalan reforma a Ley ferroviaria
Sin el voto de la oposición, la mayoría de Morena en el Senado aprobó en reunión de comisiones reformas a la Ley Reglamentaria del Sistema Ferroviario, que buscan una regulación tarifaria y fijar precios del servicio público de transporte ferroviario cuando no existan condiciones de competencia efectiva.
Y establece una vigencia de 30 años a las concesiones, con posibilidad de prorrogarse cando las empresas otorguen mejores resultados en un plazo más corto y promuevan servicios de calidad.
En el documento se menciona que en México actualmente 95% de la industria ferroviaria descansa en un consorcio y una empresa, lo que -en otros sectores económicos, diferentes a los relacionados a concesiones- implicaría la existencia de duopolios en el mercado nacional.
SCT rechaza incidente entre aviones desde rediseño del espacio aéreo
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