Morena quiere unos consejeros electorales carnales para que les pasen por alto sus omisiones y francas transgresiones a la ley.
Desde el Presidente de la República hasta el presidente del partido, los morenistas no aceptan que el INE, al cancelar los registros de dos candidatos a gobernadores, solo aplicaron la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Específicamente, al apartado 3 del artículo 229 de la LGIPE, que a la letra dice: Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido (a más tardar dentro de los siete días siguientes al de la jornada comicial interna o celebración de la asamblea respectiva) y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o asamblea respectiva no podrá ser registrado legalmente como candidato.
El INE simplemente aplicó la legislación en la materia, que por cierto, fue producto de una reforma electoral derivada del berrinche poselectoral del 2006.
La decisión del INE de negarle el registro a Félix Salgado Macedonio fue aprobada unánimemente por el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Guerrero.
En el caso de Raúl Morón, en Michoacán, al que se le negó el registro por los mismos motivos que a Salgado Macedonio, el ex líder de la CNTE aseguró que, en todo caso, se debe sancionar al partido que fue el que incumplió con los reportes.
Lo que preocupa es que Mario Delgado proponga la defensa “en las calles’’ de las candidaturas perdidas; su sugerencia de que el INE “debe morir’’ entraña una serie de mensajes alarmantes que los seguidores de Morena pueden malinterpretar, con alto riesgo para los consejeros electorales actuales.
Como dijo el consejero electoral Uuc-Kib Espadas el jueves pasado, Morena utiliza una “verbalización engañosa’’ para atacar una sentencia legal, aunque a juicio del propio consejero desproporcionada.
Que se modifique la ley entonces, pero que no sentencie a muerte a un organismo que pese a las críticas, los ciudadanos de a pie no fanatizados consideran confiable.
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Quintana Roo ha dejado de ser el paraíso para vacacionar sin problemas.
Los altos índices de delincuencia son ahora otro elemento con el que debe luchar la promoción para la reactivación del turismo en un estado considerado hasta no hace mucho como la joya de la corona turística nacional.
Esto no tiene que ver con el deleznable asesinato, a manos (o rodilla) de cuatro elementos policiacos de Tulum de una ciudadana salvadoreña, sino con las constantes denuncias del cobro de piso a todos los negocios, la proliferación del narcomenudeo y el incremento de los delitos de alto impacto social como el asesinato y el secuestro.
¿Qué le pasó al estado, a sus municipios turísticos, para que ahora quien quiera vacacionar en territorio nacional lo piense dos veces antes de ir a Cancún?
¿Por qué el contraste con Mérida, por ejemplo, a cuatro horas de distancia por carretera pero que es considerada una de las ciudades más seguras del país?
¿Dónde está la diferencia?
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Nada dijo el PAN respecto a la muy cuestionable candidatura de Miguel Ángel Almaraz a la presidencia municipal de Río Bravo, Tamaulipas.
El aspirante a edil fue detenido y encarcelado por su presunta participación en una red de huachicoleros en el 2009; fue dejado en libertad en el 2015 y ahora espera ser el rey chiquito de uno de los municipios más conflictivos del estado y con mayor presencia de la delincuencia organizada.
¿Qué pasó Marko Cortés?, ¿o los candidatos a puestos de elección popular locales los palomea el gobernador?
LEG