Juicio político contra Cuitláhuac

Ángel Alvaro Peña

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Todos los derechos de los veracruzanos han sido violados por el Gobierno estatal prácticamente desde el inicio de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, pero en especial está el caso del consejero nacional del PRD y exdiputado federal y local, Rogelio Franco Castán, quien fuera detenido sin justificación y a pesar de que en ese momento presentó un amparo para evitar dicha acción represiva.

Para asegurarse de que Franco Castán no compitiera en las elecciones del 6 de junio, se le creó un delito especial al perredista: “ultrajes a la autoridad” -denominado en Veracruz como “Ley Franco”-, delito inventado para retenerlo en prisión ocho meses y que, a pesar de que no es grave, no pueda salir bajo fianza. Es decir, le impiden competir en las próximas elecciones.

Por este motivo, la dirigencia nacional y diputados federales del PRD exigieron juicio político contra el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, por violar los derechos consagrados en la Constitución en la detención del líder perredista Rogelio Franco, y de utilizar a las instituciones de Justicia con fines políticos contra sus adversarios.

La solicitud se entregó ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados y será ratificada en los próximos tres días. Los perredistas piden al Congreso la misma celeridad con la que llevó a cabo la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

La petición de juicio político se amplía contra la fiscal general del estado, Verónica Hernández, y la jueza Alejandra Castellanos Priego, por la detención arbitraria y violación de los derechos humanos de Rogelio Franco.

El grupo parlamentario del PRD, encabezado por Verónica Juárez, acusó a García Jiménez de persecución y violencia política contra los militantes perredistas en Veracruz.

Edgar Pereyra Ramírez, secretario de Gobierno de Asuntos Legislativos de la dirigencia nacional del PRD, señaló: “No estamos en un debate sobre la aplicación de una ley, no estamos en un debate sobre la comisión de un delito o de una falta, estamos ante la perseverante idea de los gobernadores emanados de Morena, del propio Gobierno federal, de atacar vía las instituciones a la oposición. Han utilizado a la UIF, han utilizado a los fiscales de los estados para tratar de acallar a la oposición a este Gobierno. El caso de Rogelio Franco es a todas pintas un acto de represión política y de utilizar las instituciones del estado”.

Advierten que no quitarán el dedo del renglón para que se respeten los derechos ciudadanos, pues esta detención sienta un mal precedente para la aplicación de la justicia cuando hay intereses políticos.

Rogelio Franco, exsecretario de Gobierno de Miguel Ángel Yunes, fue detenido el 13 de marzo en Tuxpan.

PEGA Y CORRE.- Los gobernadores que se dicen no representados por la Conago asistieron sumisos y serviles ante la firma del compromiso para no intervenir en las elecciones. No tener la conciencia limpia les impide hacer sus valentonadas, y ante el Presidente quedaron como bufones que llegan desde sus lugares de origen a un acto que no duró ni media hora y se fueron sin decir nada. No sólo Cabeza de Vaca guardó silencio por miedo, todos tienen cola que les pisen y más vale obedecer y dejar sus insultos al Presidente para otra ocasión, cuando estén lejos de la mano de la Justicia a la que todos temen… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

 

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