A pesar de que es la encargada de vigilar el cumplimiento del gobierno, la misma Secretaría de la Función Pública fue reacia a ser auditada, de acuerdo con el informe que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2019.
“Durante la auditoría, la SFP mostró resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF; siendo destacable la negativa a entregar la información del expediente de investigación integrado por presuntas anomalías e incongruencias en el estado patrimonial de un líder sindical, argumentando que no contaba con dicha
información”.“Asimismo, impidió que el equipo auditor realizara entrevistas complementarias, argumentando la suspensión de labores provocada por la emergencia sanitaria de la pandemia por Covid-19, no obstante que las actividades de revisión que la SFP llevó a cabo durante el periodo de tiempo señalado mantuvieron continuidad, en correspondencia y aplicación de los Acuerdos publicados en el DOF durante el ejercicio fiscal 2020”, se lee el documento entregado ayer a la Cámara de Diputados.
Sobre la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, la ASF también identificó deficiencias en la contratación de seis servidores públicos que ocuparon parte de las 29 plazas de estructura de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control.
Tanto el coordinador general y delegados y comisarios de los rubros “Economía y de Salud, Trabajo y Seguridad Social, y tres servidores públicos que ocuparon el cargo de subdelegados y comisarios públicos suplentes en los sectores de Desarrollo Económico, de Energía y de Educación y Cultura, no contaron con los años de experiencia requeridos en los perfiles de puesto”.
En el informe también refirió que si bien la secretaría presentó un total de 575 mil 834 declaraciones patrimoniales “careció de mecanismos de control eficientes que permitieran corroborar el cumplimiento de esa obligación”.
La dependencia apenas realizó 0.02% investigaciones sobre esas declaraciones, las cuales se concentraron; es decir, 35 servidores públicos.
Lo anterior evidenció que los órganos internos de control fueron omisos en su responsabilidad.
Aunado a ellas, la secretaría no reportó soporte documental de quejas ciudadanas contra funcionarios públicos y tampoco ha actualizado, desde 2018, el l Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados.
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CT