Política a sangre y fuego

Ángel Alvaro Peña

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de 24 HORAS.

Si el gobernador de Veracruz se reeligiera, los primeros en votar por él serían los asesinos de políticos y periodistas. Les ha ido muy bien en esta administración, han logrado la impunidad sin mucho esfuerzo, actúan con toda libertad y caminan por las calles muy campantes.

Cada asesinato de un veracruzano se cree que debe ser el último. Más aún si se trata de personas cuyo oficio pone en peligro su vida como los periodistas o los políticos.

Veracruz se ha convertido en un baño de sangre como nunca, a pesar de que la promesa de campaña tanto del Presidente de la República como del gobernador fue de imponer la tranquilidad en la entidad, ha sido peor con la llegada de Cuitláhuac García Jiménez, a quien se le responsabiliza de la violencia en el estado junto con su secretario de Gobierno, Eric Cisneros.

La responsabilidad de la fiscal General del estado, Verónica Hernández Giadáns, no se queda atrás, pero eso sí, ya anunció que se abrió una carpeta de investigación por la filtración de fotografías de los cuerpos de la exdiputada priista Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín.

Gladys Merlín Castro fue presidenta municipal de Cosoleacaque y diputada local, bajo la bandera del PRI. En tanto, su hija Carla Enríquez Merlín fue candidata a diputada local por ese mismo partido en 2016.

Lo que se está haciendo es politizar la justicia en Veracruz y, de paso, quitarse enemigos del frente para ganar las elecciones a sangre y fuego.

Si bien en Guanajuato se registra el 13% de los crímenes de todo el país, Veracruz tiene los primeros lugares en asesinatos de periodistas y políticos, y el segundo lugar en feminicidios con 87, en 2020.

En los primeros dos años de la actual administración federal han sido asesinados 10 presidentes municipales, 19 exalcaldes y un exgobernador en el país, en cuanto a Veracruz, también han muerto violentamente.

Al baño de sangre se suman otros asesinatos de políticos, como el sucedido el pasado 11 de febrero, cuando Gilberto Ortiz Parra, precandidato de Morena a la alcaldía de Úrsulo Galván, fue asesinado.

En 2019 fue ultimada la presidenta municipal de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo, junto con su chofer y su esposo. El 19 de febrero fue asesinado el secretario del presidente municipal panista de Gutiérrez Zamora, Alberto René Cancino.

En febrero del año pasado fue muerto a balazos el panista Jorge Baruch Custodio. En noviembre asesinaron al perredista Matías Herrera Herbert. En esas mismas fechas, el diputado priista Juan Carlos Molina fue ejecutado.

El 11 de noviembre, la alcaldesa de Jamapa, Veracruz, Florisel Ríos Delfín, del PRD, fue secuestrada y asesinada en el municipio de Medellín de Bravo.

El 15 de diciembre fue ultimado el diputado local por Zongolica, Domingo Panzo Tecpile, del PAN. El 8 de marzo fue asesinado José Ramón Pérez Cano, dirigente local del Partido Verde.

Las urnas estarán manchadas de sangre en Veracruz.

PEGA Y CORRE.- El Presidente ya le sacó al bulto para cobrarle impuestos al dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas. Ahora dijo que desconoce la situación fiscal de Grupo Salinas, por cerca de 40 mil millones de pesos. Añadió que no hay persecución ni terrorismo fiscal, que su propósito es persuadir sobre la necesidad del pago de impuestos. O todos coludos o todos rabones… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

 

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