La polémica que se generó entre la oposición y Morena en la Cámara de Diputados, por la presentación de la propuesta del Ejecutivo federal para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, crece y los actores políticos no ceden en sus planteamientos.
El coordinador parlamentario de Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, pidió al Ejecutivo que las iniciativas preferentes que envíe al Congreso atiendan temas prioritarios en beneficio del país y no caprichos ideológicos.
“Nadie entiende hoy, cuando la nación enfrenta uno de mayores desafíos al tener que sortear simultáneamente la peor caída económica en 88 años, una de las pandemias más mortíferas, la imparable inseguridad, la crudeza del desempleo, y la polarización social, que la Presidencia de la República haga uso de su facultad preferente no para aliviar alguno de estos grandes males”.
En el mismo sentido se pronunció el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien advirtió que la iniciativa es inconstitucional y pone en riesgo el T-MEC por favorecer un monopolio estatal, por lo que es el camino para llevar al país a litigios internacionales.
Lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya cumplido su palabra de no modificar las reglas en el sector energético en la primera mitad del sexenio.
En cambio, el líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, aseveró que la iniciativa del Presidente garantizará “piso parejo”, libre competencia y la eliminación del dumping.
Sostuvo que en la aprobación de esta iniciativa no habrá lugar a controversias constitucionales, pues todo el proceso se hará con estricto apego a la ley; y que su grupo parlamentario apoyará dicha propuesta en sus términos “porque es algo justo para el país”.
A la polémica se sumó la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que el viernes pasado expresó su preocupación ante “la probable inconstitucionalidad y violación a tratados internacionales de algunas de sus disposiciones, afectando con ello, la seguridad jurídica de terceros en el sector eléctrico, el medio ambiente, la competencia, la economía y los principios de la reforma constitucional en materia energética, contenidos principalmente en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución”.
La agrupación destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó el principio de competencia económica como uno de los pilares del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que dicha iniciativa “no puede soslayar dicho principio para reestructurar el marco jurídico regulatorio de la industria eléctrica. Además, la confiabilidad del sector eléctrico no se ha visto amenazada”.
Hasta el cierre de esa edición, la Comisión de Energía en la Cámara baja no había sido convocada a sesionar. Se espera que esta semana emita la convocatoria para el Parlamento Abierto de análisis a dicha iniciativa.
AR