El presidente Andrés Manuel López Obrador atenta contra la división de poderes ante las determinaciones del Poder Judicial de la Federación por los amparos aceptados contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, aseveró el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks.

Agregó que justo como lo advirtieron desde la discusión de la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo Federal, ésta es violatoria del Artículo 28 constitucional “y ahora el Poder Judicial de la Federación nos ha dado la razón, al conceder suspensiones legales contra este engendro de la cuarta trastornación”.

Por ello, exigió al presidente López Obrador permita a la justicia actuar con libertad por lo que no aceptarán presiones contra la división de poderes.

Lo anterior, expusó el líder panista en San Lázaro a través de un comunicado, cobra relevancia ante la propuesta del Ejecutivo que fue aprobada por el Legislativo, pero que el Poder Judicial ha entrado en un proceso de valoración del decreto ya publicado.

Romero Hicks señaló que lo expresado por el Presidente de la República es un señalamiento indebido en contra del juez que ha conocido uno de los amparos promovidos en contra de las reformas.

“Ese amago por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal en contra del juez que hasta ahora ha recibido una decena de amparos de los ciudadanos afectados, es un acto inaceptable, ya que atenta contra los fundamentos de nuestra República”, remarcó el diputado federal.

Calificó el resultado de propuesta enviada por López Obrador como un “engendro” que siguió al pie de la letra la petición presidencial de no cambiar ni una coma, cuando, de acuerdo con el PAN, “había que cambiarle muchas, ponerle punto y seguido, punto y aparte y mejores contenidos”.

Por eso, sentenció el líder panista, ahora terminará litigándose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque pasa por encima de lo dispuesto en la Carta Magna.

“Además, trastocó un principio mundialmente reconocido de la industria eléctrica como lo es el despacho eficiente, que significa dar prioridad a quien genere al menor costo, por encima de consideraciones políticas e ideológicas.

“Si el deseo era una estrategia para reimpulsar las empresas productivas del Estado y su papel como protagonistas en el desarrollo económico y social del país, debió articularse con los diversos tratados internacionales en materia de protección al ambiente y energías renovables de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con el marco jurídico nacional que protege los principios de libre concurrencia”, indicó.

 

DAMG