No es un secreto que Donald Trump impuso a México su política migratoria, a tal grado que más de un tercio de los miembros de la Guardia Nacional se utilizaron para evitar el paso de migrantes centroamericanos por nuestro territorio.

En Guatemala se encuentran todavía cientos de migrantes que esperan cruzar el país hasta llegar a la frontera con México, en un intento por llegar a los Estados Unidos.

Muchos creen que el nuevo presidente, Joe Biden, relajará la política del garrote migratorio que impuso Trump, por dos decisiones que tomó ayer mismo:

La orden de suspender la construcción del muro entre Estados Unidos y México y la suspensión de las inscripciones al programa Protocolos de Protección al Migrante, conocido como “Permanece en México’’.

Dicho programa fue utilizado por Trump para devolver a México a miles de migrantes que solicitaban asilo político.

Es decir, el programa que legalmente le permitía -y que México aceptó-, utilizar a las ciudades mexicanas fronterizas como patio trasero.

Dos gestos que permiten a los migrantes albergar esperanzas, sumados al anuncio de que habrá una política para facilitar la obtención de la ciudadanía estadounidense para hasta 11 millones de migrantes irregulares.

Todo bien hasta ahí.

Las decisiones de Biden, sin embargo, son por el momento dentelladas a todo lo que construyó -o destruyó- Trump.

Lo que no sabemos aún es si México variará su política, toda vez que ya no está el que presionó al Gobierno nacional a tal grado, que el presidente López Obrador tuvo que recular a su invitación original para que todos los migrantes que quisieran podrían atravesar el territorio nacional.

Bueno, hasta empleo les ofreció; ¿ya no se recuerdan las numerosas caravanas que arribaron al país en octubre de 2018, que fueron recibidas con mariachis, comida, atención médica y shows para que se entretuvieran?

¿Es la migración un arma que tiene López Obrador para negociar con Biden?

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El martes pasado le preguntaron al doctor Hugo López-Gatell que había fallado en la estrategia gubernamental para combatir el Covid-19, dado el aumento de muertos y contagios.

Su respuesta fue un largo rollo que terminó por culpar ¡a los mexicanos muertos! por estar gordos, padecer hipertensión, diabetes y otras co-morbilidades que colocan a México como el cuarto país del mundo con más muertos por Covid.

Pero nada dijo sobre los errores cometidos por el Gobierno y por él, que encabeza la estrategia oficial para contener el virus.

Un poco, solo un poco de humildad y un baño de realidad no le harían mal al funcionario estrella del sexenio, que podría terminar estrellado si las estadísticas le siguen jugando las contras a sus proyecciones.

Por cierto, todas fallidas hasta ahora.

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La nueva “verdad histórica’’ de este Gobierno sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, en septiembre de 2014, deja más dudas que certezas.

Primero porque se basa, según lo publicado, en la versión de un solo testigo; segundo, porque su versión en muchos párrafos es inverosímil.

No se cuestionan los roles que pudieron haber jugado la policía local, algunos miembros del Ejército y las autoridades municipales, sino la nueva narrativa que ahora será difundida como verdad.

La mayoría de los detenidos por la PGR en los tiempos de Jesús Murillo Karam, están libres porque se comprobó que sus declaraciones fueron obtenidas bajo tortura, pero no porque no fueran ciertas.

Al menos eso es lo que se comenta en el ámbito judicial.

LEG