Vaya dilema en el que la industria restaurantera ha metido a autoridades y sociedad. Al borde de la quiebra y bajo el lema “abrir o morir”, representantes de este sector decidieron, de manera unilateral, abrir el pasado lunes las puertas de algunos de sus negocios para orillar al Gobierno de la Ciudad de México a sentarse en una mesa de diálogo.
La situación es cada vez más preocupante para este ramo. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), en el país han cerrado más de 122 mil negocios dedicados a la venta de comida como resultado de las medidas adoptadas para preservar la salud de la ciudadanía.
La disyuntiva es mayor. ¿Mantener cerrados los restaurantes y proteger así a decenas de miles de personas de un contagio mayor o evitar que se pierdan más de cinco millones de empleos directos e indirectos al permitir la reactivación de este tipo de establecimientos? Sin duda a ambas partes -autoridades y comerciantes- les asiste la razón. Nadie podría estar de acuerdo en que tantas familias se quedaran sin una fuente de ingresos, aunque nadie, tampoco, estaría a favor de provocar un nuevo aumento en el número de contagios.
Los argumentos esgrimidos por restauranteros radican en la disparidad que existe en las medidas adoptadas. Para nadie es un secreto la existencia de decenas de miles de puestos ambulantes en los que, sin restricción alguna y en medio del momento más crítico de la pandemia, se siguen sirviendo alimentos, sin que exista ninguna acción por parte de la autoridad para impedirlo.
De acuerdo con información de Data México, una base creada por la Secretaría de Economía para el manejo de datos públicos, en todo el país existían hasta el primer trimestre del año pasado 1.7 millones de vendedores ambulantes, de los cuales, se calcula, un millón se dedica a la venta de alimentos. De este universo, 98% labora en la informalidad.
¿Qué razones tienen las autoridades en permitir la venta de alimentos en puestos callejeros y restringirla en los restaurantes establecidos de manera formal? La respuesta radica en la ausencia de un Estado fuerte y enérgico que aplique la ley sin distinción alguna.
La proliferación del comercio ambulante ha tenido dos razones de fondo que entre ellas se confrontan: la debilidad institucional de los subsecuentes gobiernos y el único escape para muchas familias que encuentran en la informalidad la vía para salir adelante.
El caso de la industria restaurantera pone de manifiesto esta situación. El trato desigual que reciben formales frente a informales es parte del origen de las demandas de este sector, al que, si no se la atiende, podría representar una de las mayores tragedias que deje esta pandemia.
Segundo tercio. El diálogo ha rendido frutos. Tras la primera reunión entre restauranteros y autoridades capitalinas se acordó que este sector no pagará el Impuesto Sobre la Nómina correspondiente al mes de enero. Habrá al menos 100 mil apoyos de dos mil 200 pesos para los trabajadores.
Tercer tercio. Si el motivo del cierre de restaurantes es sanitario, urgen medidas para controlar el comercio ambulante bajo ese mismo argumento. No puede haber un doble rasero.
@EdelRio70