El fraude electoral fue una práctica habitual durante el viejo régimen. Era parte fundamental de la estructura de corrupción incrustada en las instituciones, que operaba y garantizaba impunidad a quienes ostentaban su autoría intelectual o material. Controlar el acceso a cargos de representación popular era crucial para evitar la transformación del statu quo, y una manera de renovar las membresías a los grupos de poder que permanecían inamovibles elección tras elección, las cuales eran pagadas con favores políticos y económicos.
No podemos decir que en 2018 no se intentó un fraude contra el movimiento que encabezaba el hoy Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sino más bien que la masividad de los votos a favor del cambio lo hizo inoperante. La sociedad, mediante la vía institucional, logró la transformación política, neutralizando los intentos del conservadurismo por mantener sus privilegios, en los que participaban servidoras y servidores públicos, autoridades electorales, y parte de la población, que era manipulada con promesas falsas —aprovechándose de su necesidad— y amenazas.
En este sentido, gracias a la mayoría parlamentaria del Congreso General conseguida en 2018, se logró reformar el artículo 19 constitucional para establecer la prisión preventiva oficiosa a quien haga uso de programas sociales con fines electorales, así como para quien realice actos de corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Además, se reformaron ocho leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política de género, así como para otorgar medidas de protección y reparación del daño a las víctimas, estableciendo mecanismos para reglamentar la paridad en la representación política, de acuerdo con el orden constitucional.
Además, con reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se estableció como requisito para ser legisladora o legislador del Congreso de la Unión no estar condenado o condenada por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género; también se incluyó la perspectiva de género como una obligación del Instituto Nacional Electoral en todas sus actividades, y se estipuló la pérdida de registro para los partidos políticos, en caso de graves y reiterados incumplimientos en sus obligaciones a este respecto.
Asimismo, mediante la modificación a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, se facultó a esta institución para crear la base estadística nacional de violencia política contra las mujeres en razón de género, y las comisiones especiales, con autonomía técnica y de gestión, para investigar delitos en la materia.
Sin duda es una novedad contar con la probada convicción democrática del presidente Andrés Manuel para el proceso electoral que inició el mes de septiembre pasado, y durante la próxima jornada electoral de 2021, que coincidentemente será la más grande de nuestra historia, ya que se disputarán más de 21 mil cargos de elección popular.
Con su ejemplo, con el llamado a los poderes ejecutivos locales a respetar la legalidad, y con la vigilancia de la ciudadanía, se marca un contexto inédito para el buen desarrollo de los comicios. El reciente inicio de las precampañas nos recuerda a todas y todos nuestra obligación y nuestro derecho a tener elecciones libres, que, por primera vez en nuestra historia se desarrollarán en un ambiente democrático.
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