Al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Zoé Robledo, llama la atención la firma Distribuidora Química y Hospitalaria GAP S.A. de C.V., respecto al proceso para modificar el contrato DC20S315, con el fin de “entregar equipos distintos a los que fueron ofertados” en la propuesta técnica para convertirse en una de las proveedoras del servicio de banco de sangre.
Tal como puede constatarse en la circular 09 53 84 61 2900/CTSI-1762, el nuevo Coordinador de Planeación e Infraestructura Médica del IMSS, Luis Fernando Tagliabue Rodríguez, urgía a que los administradores de contrato de las unidades médicas -incluidas en las partidas 4,5,6,7 y 8- expresaran a más tardar el miércoles 21 de octubre (ayer) si se oponían a hacer los ajustes al respectivo convenio, aún, cuando el oficio fue expedido solo dos días antes. También les requirió que en caso de negarse den a conocer su argumento, además de asumir la responsabilidad de que no se concluyan las acciones necesarias para la prestación.
La historia comenzó el pasado 28 de julio cuando la empresa pidió a esa área, cuando aún estaba al mando de Juan Pablo Villa, que admitiera la revisión de los documentos de los nuevos equipos debido a una supuesta “mejora tecnológica”, que está relacionada con la presunta imposibilidad para que la compañía cumpla con los bienes que acreditó originalmente; así, el exfuncionario le respondió con una lista de aquellos insumos que podrían ser considerados, además de indicarle que aunque empatizaba con los problemas “involuntarios” a los que se enfrentaba debido a la pandemia, ello no justificaba la ausencia de los bienes.
A mediados de agosto, Distribuidora Química y Hospitalaria GAP volvió a pedir la revisión, posteriormente, le reiteraron el listado, además de que el proceso correcto para hacer la solicitud era acudir a las puertas de cada Unidad, pues de ser el caso, el administrador correspondiente debía requerir el visto bueno de la Coordinación Técnica de Servicios Indirectos, adscrita a la de Planeación e Infraestructura.
Ya para el 10 de septiembre, la interesada tuvo otro intento fallido en el que además de negarle la revisión de documentos, pues todavía no se había acercado a todos los administradores, le dejan claro que su procedimiento no se podía llevar a la mesa ya que el Anexo Técnico precisa que la famosa “mejora tecnológica” únicamente aplica si el contrato está en curso, supuesto en el que no entraba.
Así, a Distribuidora Química y Hospitalaria GAP le otorgaron una prórroga para que tuviera todo listo hasta el 8 de octubre pasado, plazo de 45 días naturales que según han referido integrantes de la empresa se obtuvo con base en un procedimiento legal.
El cuento termina como empezó, pues en la misiva que signó Tagliabue Rodríguez, resalta que “en aras de propiciar que se otorgue la prestación del servicio”, de todos modos hicieron la evaluación; y como los equipos que ahora sometían a consideración son similares a los que tienen otras contratistas, el peso pasó a espaldas de los administradores, además les dijeron que estos cambios no afectan y que no implica dar condiciones ventajosas.
Mientras tanto en el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se lee que “las dependencias y entidades se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente”.
Finalmente, sobre el tema resalta que la circular también fue copiada al director de Administración, Humberto Pedrero Moreno, al director de Prestaciones Médicas, Víctor Hugo Borja, al titular del Órgano Interno de Control del IMSS, Salim Orcí Magaña y el titular de la Unidad de Atención Médica, Juan Manuel Lira, por mencionar algunos.
@1ahuerta