El programa de infraestructura que se estuvo cocinando durante meses entre el Gobierno federal y la Iniciativa Privada les quedó crudo.
Para hablar en castellano, es notoriamente insuficiente para el tamaño de los desafíos que enfrenta el país en materia económica.
Sólo 37 proyectos le fueron aprobados a la iniciativa privada, varios de ellos, retomados del plan anterior dado a conocer el año pasado, lo que confirma el hecho de que la inversión en infraestructura, salvo los tres elefantes, perdón, proyectos emblema, ha sido igual a cero.
Más que programa o plan, como quiera llamarle, lo que se presentó ayer en la mañanera fue otro listado de buenos propósitos.
No se presentó una hoja de ruta, es decir, cuándo comenzarían los trabajos, cuántos puestos de trabajo generaría cada proyecto, cómo se distribuirá la inversión, cómo se entregarán los contratos para las obras o si ya están asignados.
Ningún detalle, salvo la inversión de 297,344 millones de pesos.
Quizá por eso las caras poco alegres de los potentados presentes en el anuncio.
Y, aunque el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, explicó que se trató de “un primer paquete de obras’’ y que el próximo mes se anunciará otro, el tono en el que lo dijo parecía más de resignación que de satisfacción.
Porque ni los inversionistas ni la gente de a pie están muy optimistas por el anuncio.
Hace casi un año, el 29 de noviembre del año pasado, el Gobierno y la Iniciativa Privada anunciaron un paquete de 147 proyectos a desarrollarse en varias etapas con una inversión de 859,000 millones de pesos.
Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, anunció entonces que cada tres meses se sumarían nuevos proyectos al programa.
El mismo Carlos Salazar dijo en esa reunión que para este 2020 se concretarían 72 proyectos con una inversión estimada en 431,000 millones de pesos.
Pero nada pasó.
Si entonces el plan o programa se veía insuficiente porque el país ya acusaba los efectos de una crisis económica, ¿qué se puede esperar ahora que el monto prometido de inversión se redujo a la tercera parte y arrastramos los efectos económicos de la pandemia?
A ver.
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Una de las razones por las que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pretende descalificar la encuesta para elegir al presidente de Morena, es que no se ha podido determinar el monto que cada aspirante gastó en promoción.
El único que ha dicho cuánto gastó en promoción ha sido Porfirio Muñoz Ledo, algo así como 621,000 pesos.
El otro favorito, Mario Delgado, se ha concretado a criticar al Tribunal por tratar de anular la encuesta que comenzó a levantarse ayer, pero de sus gastos en promoción, que son ostensiblemente más altos que los de cualquiera, nada ha dicho.
Y tendría que explicarlo, porque estamos en la víspera de un proceso electoral federal en donde se juegan más de 3,000 cargos de representación popular; el ejemplo puede cundir.
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Ante la división en la bancada de Morena en el Senado, al coordinador Ricardo Monreal no le quedó otra que aceptar la propuesta de “parlamento abierto’’ para discutir la iniciativa con la que se pretende legalizar la interrupción del embarazo en todo el país.
La iniciativa redactada por la senadora Martha Lucía Micher va en el sentido de la legalización, de que los adolescentes tengan información sexual sin el acompañamiento de sus padres y que puedan recibir preservativos además de incluir la educación sexual en los libros de texto, pero no es compartida por la mitad -o quizá más- de los miembros de su bancada.
LEG