El sistema de partido hegemónico y la falta de contrapesos en los poderes de la Unión hicieron imposible el Estado de derecho durante más de 70 años en México. La controvertida alternancia que comenzó en el año 2000, y los 36 años de política neoliberal tampoco lograron cumplir las expectativas que la sociedad tenía de una auténtica democracia. 

Incluso el escritor italiano Giovanni Sartori llegó a considerar que el caso mexicano era uno de los ejemplos más ilustrativos del presidencialismo latinoamericano en general, caracterizado por un autoritarismo que impedía el desarrollo democrático y permitía la violación sistemática de los derechos políticos, civiles y electorales de la población. 

Era la época del acátese, pero no se cumpla. Eran expertos en violar las leyes con un complejo aparato de simulación que ponía en marcha una enorme y costosa maquinaria electoral, sólo para dar legalidad a la designación de un Presidente que de antemano había sido ungido por su antecesor mediante el famoso dedazo. 

Hoy la situación es muy diferente. El presidente AMLO ha encarnado en su día a día la determinación de asegurar la máxima publicidad y de garantizar el derecho a la información, ofreciendo conferencias diarias a la ciudadanía, para desahogar los temas de mayor relevancia nacional, incluso durante sus giras de trabajo por el interior de la República, donde convoca a las y los funcionarios que tienen la responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad. 

Días como hoy, en los que la prensa cuestiona al Presidente sobre los procesos judiciales que enfrentan servidoras y servidores públicos, son claro ejemplo del fin del presidencialismo que durante décadas imperó en nuestro país, pues actualmente el jefe del Estado mexicano aclara con toda puntualidad cuáles son los ámbitos fuera de su competencia, y pide reiteradamente a la Fiscalía General de la República una actuación legal y libre de toda presión política. 

La época en que el titular del Ejecutivo federal representaba al poder de poderes está en extinción. A la par de la actitud ejemplar del presidente López Obrador, se han puesto en marcha modificaciones a la legislación, para impedir que el mandatario se convierta en un ser intocable y omnipotente, por encima de la ley y fuera del alcance de la justicia. 

En el Congreso hemos recibido de parte del presidente López Obrador distintas iniciativas encaminadas hacia la eliminación de privilegios para la alta burocracia y el establecimiento de piso parejo para todas y todos los ciudadanos. 

El próximo primero de septiembre iniciaremos periodo ordinario de sesiones, y muy posiblemente el Presidente ejercitará su derecho de presentar iniciativas preferentes que, con toda probabilidad, seguirán el mismo cauce de la consolidación de nuestro sistema democrático, con lo que comenzará un intenso estudio y discusión entre las distintas fuerzas políticas. 

En el Senado de la República garantizaremos que la discusión sea suficiente, y en el Grupo Parlamentario de Morena estaremos atendiendo no sólo a las especificaciones técnicas que implicarán las iniciativas, sino a la tarea que nos encomendó la ciudadanía de hacer valer la voluntad popular en nuestro texto constitucional y en todo nuestro sistema jurídico. 

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