Por haber otorgado contratos directos y no hacer licitación, el equipo jurídico de la empresa Blue Propane, denunciará al Ayuntamiento de Tijuana, por haber beneficiado a la empresa Gas Silza S.A de C.V con tres contratos por adjudicación directa.
Alan Jaramillo, representante legal de la empresa gasera, detalló que las quejas las presentará ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia que será responsable de investigar el mal uso de, al menos, 350 millones de pesos de recursos públicos.
Las denuncias serán contra el Comité de Adjudicaciones del Municipio de Tijuana; el Alcalde, Arturo González Cruz, y el Oficial a Mayor, Rodrigo Ruiz Garay, quienes aprobaron y firmaron el contrato más reciente ADQ-2019-AD-XXIII-003.
“La entrega de los contratos por adjudicación directa son una muestra más de la relación turbia que existe entre el Alcalde de Tijuana con algunas empresas gaseras, en este caso con Gas Silza S.A de C.V, a quienes de manera muy burda los benefician con dinero público simulando actos administrativos y pretendiendo hacerlos pasar por actos legales”, denunció el abogado.
Explicó que presuntamente, los contratos fueron pagados con recursos públicos provenientes de la partida presupuestaria 26101 que corresponde a combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, que este año y en años anteriores tenían etiquetados 350 millones de pesos.
Ello, a pesar de la regulación federal que limita las adjudicaciones directas hechas con recursos públicos, a un tope mínimo de 284 mil pesos y tope máximo de más de un millón 824 mil pesos que se debió respetar.
“Los contratos debieron entrar forzosamente a licitación pública y a un concurso de los interesados y se debió abrir la solicitud del servicio de manera transparente y que quedara constancia que el servicio que se prestaba era en las mejores condiciones para el Municipio”, refirió.
En días pasados el Alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, justificó que el contrato ADQ-2019-AD-XXIII-003 se otorgó de manera apresurada por la emergencia sanitaria, “pero este documento se firmó en octubre del 2019 y los otros dos contratos en enero del 2018, cuando no había pandemia”, refirieron los abogados.
TFA