En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las economías de los países vencedores crecieron exponencialmente, lo cual significó también el incremento en los ahorros de la población. Este nuevo entorno exigió la conformación de gestores que pudieran administrar los ahorros y elevó significativamente tanto los beneficios como el tamaño del sistema financiero. Pero el desempeño de las instituciones creadas para tal fin se ha quedado lejos del objetivo de que las personas puedan acceder a pensiones justas.
Éste es un problema generalizado en el mundo, pues la tendencia actual es que el Estado se deshaga de la responsabilidad de procurar una pensión digna y la traslade a instituciones privadas, las cuales en México se conocen como Afores. Esto ha evitado que los gobiernos enfrenten dificultades en el corto plazo, pero no ha impedido que se acumulen factores de riesgo que tarde o temprano serán insostenibles. Lejos de brindar la esperanza de un futuro mejor, el sistema de pensiones más común a nivel global –el de cuentas individualizadas– pinta un panorama oscuro para las futuras generaciones.
Las manifestaciones de protesta social, alimentadas por la incertidumbre en torno a la estabilidad económica de quienes hoy se encuentran tratando de ahorrar para su retiro, ya son latentes. Recientemente, en Chile, en medio de la pandemia, miles de personas salieron a las calles de Santiago para exigir cambios en las regulaciones de las administradoras para el ahorro a favor de los inversores individuales. En Francia, a finales del año pasado, París quedó paralizado cuando quienes trabajan en los servicios de transporte público decidieron parar, para exigir mejores condiciones de retiro.
En México, desde 1997, se realizó la transición al sistema de cuentas individualizadas. Desde entonces y hasta la fecha se contaba con diagnósticos precisos sobre las implicaciones de este cambio, las cuales irían en detrimento de las y los trabajadores. Pero ninguna de las cuatro administraciones pasadas se interesó en plantear soluciones para que las personas pudieran aspirar a un retiro más digno.
Por eso, se tiene que celebrar que el día de ayer el titular del Ejecutivo federal presentara una iniciativa para reformar el Sistema de Ahorro para el Retiro en México. Con esto, el Gobierno de la Cuarta Transformación avanza hacia el cumplimiento de sus objetivos: mayor justicia social, protección a las personas más vulnerables y la construcción de un país más equitativo.
Con las modificaciones planteadas tanto en los porcentajes de aportación como en el tipo de inversiones que las Afore pueden realizar para generar mejores rendimientos, y al reducir el tiempo necesario para acceder a una pensión, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador detiene el avance de la descomposición del sistema de ahorros y pone fin a 23 años de inacción, de indiferencia y de abandono de los derechos de la clase trabajadora en México.
Se trata de una acción justa, pero también inteligente, pues se debe recordar que, si las personas no cuentan con recursos para mantenerse una vez que dejan de pertenecer a la población económicamente activa, el derrumbe económico de los países será casi inevitable. Por eso, con la presentación de la iniciativa de reforma, el Gobierno de la 4T muestra una vez más lo que significa el cambio de régimen, y coloca a México como referente mundial de que la justicia social y las políticas igualatorias son un camino viable, y que es posible aspirar a que las personas tengan acceso a pensiones justas.
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