Durante la madrugada, con un fuerte dispositivo de seguridad, reos de alta peligrosidad pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Unión Tepito fueron trasladados desde penales locales a centros penitenciarios federales.
Se trata de José Armando Briseño de los Santos, alias El Vaca, presunto líder de sicarios del CJNG y encargado del reclutamiento y la organización del ataque contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el 28 de junio pasado.
Además de Roberto Esparza Moyado, El Betito, líder de la Unión Tepito, y quien fuera su sucesor en el cártel tras su detención, Óscar Andrés Flores Ramírez, alias El Lunares.
Junto con ellos fueron trasladados otros 22 reos desde el Reclusorio Sur (15), el Reclusorio Norte (cinco), el Reclusorio Oriente (cuatro) y el Centro de Alta Seguridad conocido como Diamante (uno).
Sobre el tema, en su videoconferencia de este miércoles, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, manifestó que “el traslado de los líderes involucrados en el ataque de Omar García Harfuch fue decisión del Gobierno federal, para seguridad nacional. Se está trabajando con Fiscalía, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Guardia Nacional. Hay un grupo importante que se está encargando de seguridad y delincuencia organizada”.
Cabe recordar que, en enero, el Gobierno local hizo un llamado a que miembros de cárteles ya no fueran enviados a penales locales, luego de la fuga de tres miembros del Cártel de Sinaloa del Reclusorio Sur.
En aquel momento, la jefa de Gobierno Sheinbaum manifestó que “hay presos que, desde nuestro punto de vista, no deberían estar en los penales de la Ciudad de México, sin embargo, obtienen amparos de jueces federales o desde el inicio los jueces los envían a penales de la ciudad.
Cuestión reforzada también luego de esta fuga por la secretaria de Gobierno local, Rosa Icela Rodríguez: “La presencia de este perfil de internos en los centros penitenciarios de la Ciudad de México ha puesto en riesgo la seguridad de las personas privadas de su libertad que se encuentran ahí y afecta, por supuesto, la gobernabilidad. Por eso hemos insistido en la necesidad de su traslado a penales de alta seguridad, fuera de la Ciudad de México”.
ica