Foto: Cuartoscuro / archivo A 43 empresas se les iniciaron procedimientos por la emisión de facturas falsas, por lo que tienen 90 días para regularizarse o se judicializará el caso  

El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, afirmó que en los Gobiernos anteriores se instauró una “política de simulación” para beneficiar y evitar castigar a emisores de facturas falsas y grandes evasores fiscales.

Al dictar una conferencia virtual, auspiciada por la Universidad Panamericana (UP), consideró que nunca hubo un combate real contra la evasión y defraudación, por lo que empresas fachada, dedicadas a la facturar y defraudar al fisco, así como grandes contribuyentes que evadieron impuestos, quedaron en la impunidad.

En su charla indicó que las llamadas empresas de papel también fueron usadas para realizar actos de corrupción en el Gobierno, tal es el caso de la llamada Estafa Maestra, con cuyo mecanismo de desviaron millones de pesos, y por esa causa, se mantiene en prisión preventiva la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles.

Ante un negocio ilícito que representa un estimado de 500 mil millones de pesos, el remedio, dijo, fue equiparar la defraudación fiscal con delincuencia organizada, lo que permite trabajar con la figura de testigos protegidos para obtener información de los mecanismos para engañar al fisco.

Ante las críticas que han calificado como terrorismo fiscal, la campaña del Gobierno contra empresas factureras, Romero Aranda dijo que los pequeños contribuyentes no tienen que preocuparse, porque no es lo mismo ser requerido por una factura falsa de dos mil pesos por un bien al que se le puede dar seguimiento, que un comprobante fiscal de 30 millones de pesos del que no se existe una entrega material, el domicilio es un terreno baldío y no responde a los requerimientos.

Sobre los grandes evasores fiscales, aunque en los anteriores Gobiernos se lanzaron estrategias, nunca hubo un verdadero interés por investigar y solicitar el pago de impuestos.

Reconoció que aún con las nuevas herramientas para combatir la evasión y fraude, a las autoridades fiscales se les complica terminar los procedimientos; es decir, llegar a los autores de la defraudación o recuperar los impuestos evadidos.

LEG