Recorte impacta en atención a víctimas

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno federal frenarán sus actividades tras el decreto publicado el 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con esto quedarán pendientes las mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de los cuales se refieren a recomendaciones de la CNDH, Comisión Interamericana, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre casos: Ayotzinapa, Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlatlaya, Casino Royale, entre otros.

La CEAV indicó que, en comparación con cualquier otra dependencia u órgano del Gobierno, la institución resentirá un impacto mayúsculo en su funcionamiento y que la mayoría de los servicios son subcontratados.

Además, gran parte del personal fue contratado desde el origen de la institución de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing, enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios.

La Comisión argumentó que se encuentra en el supuesto de excepción señalado en el numeral 38 del Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó la reducción de 75% del gasto corriente que asciende a 139.4 millones de pesos.

En tanto sus gastos por renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos serán de 121.9 millones de pesos en lo que resta del año.

Esto sin considerar que el organismo tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos.

Por otra parte, la Secretaría de Gobernación aseguró que no se dejará de prestar apoyo integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos; tampoco se desistirá de defender, promover y garantizar los derechos humanos desde las distintas áreas de la dependencia.

La titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, se reunieron el lunes pasado con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para abordar el recorte presupuestal ordenado en el decreto.

“En la reunión, los funcionarios revisaron esta disposición y reiteraron el compromiso del presidente con los derechos humanos, los cuales son y serán una de las prioridades de este sexenio”, detalló Gobernación en un comunicado.

Golpe al gasto

-Se perderá el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas.
-Desaparecerá el área que administra RENAVI que atiende un promedio de 500 solicitudes mensuales.
– No se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas al mes.
– Será imposible tramitar 9 mil 862 traslados anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el MP, Juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda.
– El incumplimiento de 43 contratos por 121.9 millones de pesos, muy probablemente detonará demandas contra la institución y generará pasivos millonarios para el Estado.

 

…Y oposición critica austeridad

Por: Karina Aguilar

Senadores de oposición advirtieron que la austeridad mal entendida del Gobierno federal, afectará a uno de los sectores más vulnerables de la población, lo que implicaría una revictimización de las personas que atiende la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

El senador y coordinador nacional de MC, Clemente Castañeda, advirtió que el acuerdo de austeridad publicado en el Diario Oficial de Federación el 23 de abril pasado, que impuso un recorte presupuestal de 75%, lastima severamente a la CEAV que se verá forzada a paralizar sus 32 centros de atención integral, donde atiende cada mes a más de 7 mil víctimas.

Ello, debido a perderá 60% de su nómina conformada por psicólogos, médicos, trabajadores sociales y asesores jurídicos victímales.

“En Movimiento Ciudadano condenamos que se lesione de esta manera a la CEAV y hacemos un llamado al Gobierno federal a rectificar y revertir este golpe presupuestal que atenta contra la viabilidad misma de la institución”, señaló.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la panista Kenia López, lamentó se realicen recortes mal estructurados y a “tabla rasa”, por lo que se sumó al llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que garantice los recursos para su operación.

“El riesgo que se corre es que están destruyendo la institución al hacerla inoperante, pues no podrá apoyar a las víctimas”.
LEG