Foto: Cuartoscuro / archivo Ordenan a los organismos públicos presentar su recorte en las partidad que incluyen servicios y suministros  

Las dependencias y órganos descentralizados del Gobierno federal se quedaron sin dinero para poder pagar servicios generales como luz, agua, renta de inmuebles, telefonía e Internet, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) les congeló las cuentas de recursos públicos hasta que no presenten su recorte presupuestal de 75%, como medida de austeridad.

Este condicionamiento había sido señalado en un oficio emitido por la Secretaría de la Función Pública el 20 de mayo pasado, y les daban hasta las 12 horas de ayer (lunes) para cumplir con el recorte presupuestal, pues de lo contrario no podían “ejercer los recursos con cargo a las partidas correspondientes”.

De acuerdo con fuentes cercanas a la SHCP, se informó que los organismos públicos no presentaron la información requerida, lo que detuvo la partida en los rubros de servicios generales y suministros públicos.

Ante ello, el consultor independiente, Mario Di Costanzo, opinó a 24 HORAS, que “lo grave es que se cobraron a lo chino, porque hoy no pueden pagar nada. Si una dependencia tuviera que pagar la luz, hoy no tendría dinero para eso porque tiene congelada esa partida”.

El también expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Servicios Financieros (Condusef), explicó que al no tener dinero para pagar servicios, las dependencias no pueden pagar la renta de inmuebles, e incluso con el recorte que se les exige, no les alcanzará para cubrir ese gasto de todo el año, lo que los obligará a cambiar de instalaciones.

“Si dejo de rentar y me voy a un edificio más pequeño, pues a donde meto a todos los trabajadores, incluso aunque no corran gente, cancelarían proveedores de Gobierno”, alertó.

Además, refirió que la medida es una violación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que en su artículo 21, detalla qué hacer cuando se tiene un problema de ingresos y explica que cualquier propuesta tiene que pasar primero por un análisis y aprobación de la Cámara de Diputados.

“Lo que se está haciendo es bilateral, y una violación a la Ley. La solución sería precisamente que el Gobierno haga lo contrario, que gaste para reactivar la economía”, dijo.

Y es que todo se derivó de un decreto que se publicó el 23 de abril pasado, en donde se ordenan a las dependencias a hacer un recorte de hasta 75% en los rubros de servicios generales, integradas en las partidas 2000 y 3000.

 

 

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