Martha Hilda González Calderón
Lupita ¨N” es una niña a quien el COVID-19 le arrebató a sus padres. Primero fue su padre, vendedor ambulante, desafiando a la pandemia para seguir manteniendo a su familia. Casi un mes después, su madre murió de la misma enfermedad. Lupita y sus dos hermanos han quedado al cuidado de una tía materna y enfrentan un futuro incierto.
Los niños, las niñas y los adolescentes son las víctimas colaterales de una pandemia que pareciera que los ha relegado, ante la urgencia de tomar medidas preventivas, a una vulnerabilidad extrema. La UNICEF ha alertado al decir que de no “tomarse medidas urgentes, esta crisis de la salud amenaza en convertirse en una crisis de los niños y las niñas”, porque han debido enfrentar la pérdida de alguno de sus padres, o de ambos; abandonar el aula escolar; sufrir violencia intrafamiliar debido a la tensión que representa un periodo tan largo de confinamiento; y hasta trabajar prematuramente ante la reducción alarmante de los ingresos familiares.
De acuerdo con datos de CONEVAL, en México viven 40 millones de niños, niñas y adolescentes, de los cuales 22 millones viven en pobreza y 4.7 millones en pobreza extrema.
Al no ser representativo como grupo poblacional de riesgo frente a la amenaza que representa el COVID-19, pareciera que no pasa nada. Sin embargo, las consecuencias de las radicales medidas que se han tomado en todo el mundo, para contener la pandemia, han provocado que 1,500 millones de niñas, niños y adolescentes, abandonen el aula escolar para cumplir las medidas de confinamiento. La terrible realidad de que el 91% de los estudiantes en todo el mundo, no está acudiendo a la escuela y un porcentaje importante no tiene acceso a ninguna tecnología que le permita seguir tomando clases a distancia. Por lo anterior, la UNICEF impulsa una cruzada por un “acceso equitativo a la educación” que pugna por que se reduzca la brecha digital que enfrentan países pobres con respecto a países ricos.
A pesar de que los esfuerzos se están concentrando, principalmente, en la salud, ante la embestida de la pandemia, la atención de otras enfermedades y su prevención no debe de soslayarse. Niños, niñas y sus madres deben ser atendidos para garantizar su buen estado de salud.
El confinamiento que los niños, niñas y adolescentes y sus familias han debido enfrentar, hace que sus niveles de tensión, violencia y posibles abusos, puedan incrementarse. Por esta razón, los organismos internacionales han prevenido que esta pandemia puede derivar en una terrible crisis de protección a la infancia. Niñas, niños y adolescentes que escapando de la violencia familiar pueden convertirse en presas fáciles para bandas delincuenciales. Niñas y niños que pasando horas frente a sus computadoras puedan caer en las redes de un depredador sexual.
Si bien las problemáticas antes referidas son muy preocupantes, me gustaría abordar un fenómeno que desde antes de la pandemia involucraba a más de 152 millones de niñas, niños y adolescentes, en todo el mundo. Me refiero al trabajo infantil. El utilizar mano de obra de niñas y niños, significa que les estamos robando la posibilidad de educarse y tener un desarrollo emocional pleno. Además de que al realizar actividades que no son aptas para su edad, esto puede ocasionarles accidentes graves, lesiones y eventualmente la muerte.
México ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe —después de Brasil— en mano de obra infantil, con un registro de 2.3 millones de niñas y niños. En la coyuntura de esta pandemia, la CEPAL ha advertido sobre el riesgo que corre la población infantil ante la pérdida de empleos por parte de sus cuidadores. Algunos lo explican como que el desempleo adulto propicia el empleo infantil. En el corto plazo, pareciera que quienes lo utilizan se benefician porque reducen los montos de pagos salariales; a la larga, es un riesgo para el empleador y de incalculables pérdidas para todos, como sociedad, por lo que representa tener trabajadores con educación limitada y con desarrollos personales truncados.
El uso de mano de obra infantil es una violación a las garantías individuales, a los tratados internacionales – Convenios 138 y 182 de la OIT – ratificados por México. La modificación constitucional al artículo 123, apartado A, fracción III, que aumentó la edad legal para ser admitido en un trabajo de 14 a 15 años, fue realizada en el año 2014.
Las autoridades laborales estamos obligadas a cumplir con el Protocolo de Inspección del Trabajo en materia de Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección al Trabajo Adolescente, emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT). En dicho documento, se resalta la importancia de redimensionar la inspección en el trabajo, poniéndola en el centro de la detección oportuna del trabajo infantil, en dos sentidos: el primero, construyendo una cultura de la prevención que permita el cuidado de la formación de trabajadores y trabajadoras, con mejores estándares, porque lograron completar sus estudios y crecer, emocionalmente, sanos.
La prevención implica romper paradigmas e ir más allá de los esquemas tradicionales de la inspección en el centro de trabajo. Inspección que debe centrarse en orientar a los empleadores para que desistan de la posibilidad de utilizar mano de obra infantil y las sanciones a las que se harán acreedores en caso de incurrir en estas conductas.
También se debe consolidar un monitoreo sistémico del trabajo infantil y adolescente que permita localizar posibles puntos de trabajo infantil, a partir de información de fuentes oficiales y no oficiales. Obtener datos de lugares aledaños al centro de trabajo, las escuelas, los vecinos, etc. Construir una base de datos que permita darle seguimiento a empresas infractoras, entre otras actividades. Abordar de manera distinta esta problemática, de manera estratégica y efectiva.
En el Estado de México, el Modulo de Trabajo Infantil, (MTI), señaló que en 2015, de 286,153 niñas, niños y adolescentes que se reportaron con un trabajo, disminuyó en 2017, a 249,279. Con una tasa de ocupación del 8,8%, por debajo de la tasa nacional del 11%.
La Comisión Interinstitucional del Trabajo Infantil del Estado de México, (CIETI), es donde se construye un protocolo especial de actuación en caso de detectarse menores en semáforos y cruceros. Además se han establecido las Comisiones Municipales que coadyuvan con la labor de identificar sitios donde se ubican a menores de edad que podrían estar trabajando en labores no aptas para su edad. Esto en coadyuvancia con los inspectores del Trabajo. La ciudadanía también puede apoyar denunciando en el correo electrónico: cieti@edomex.gob.mx.
También se estableció el Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil en el municipio de Villa Victoria, Estado de México, siendo el segundo municipio en América Latina en implementarlo, avalado por la OIT y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Tiene como funciones detectar las áreas donde se puede dar el trabajo infantil y sopesar los factores de riesgo que pueden propiciarlo, para definir estrategias multisectoriales. Este es un gran avance que poco se ha dado a conocer. Villa Victoria es la punta de lanza que seguramente, será continuada por otros municipios del Estado de México.
Sabemos que aún hay mucho por hacer. Atender lo urgente de la pandemia es impostergable, pero no podemos perder de vista lo importante: nuestra niñez. Tenemos que multiplicar nuestras acciones a favor de ella; sobre todo de aquella población que, como Lupita, necesita de todos y todas para salir adelante.
@Martha_Hilda