La intentona del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por quedarse tres años más al frente del Gobierno estatal, violentaba la vida democrática de nuestro país. Apenas el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió declararla inconstitucional.

 

Desde que recibió su constancia de mayoría de la elección a la gubernatura del estado, Bonilla Valdez insistió en ampliar su mandato de dos a cinco años, lo cual, contravenía la reforma constitucional local que fue aprobada desde 2014 y cuyo fin era homologar las elecciones locales con las federales.

 

En distintos momentos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que las reglas para la elección de la gubernatura de Baja California eran muy claras, ya que su constitución local señalaba que debía ser del 01 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021. No obstante ello, el Congreso estatal intentó burlar su propia legislación y aprobó una reforma para ampliar a cinco años el mandato de Jaime Bonilla. Algo que además de inconstitucional, fue irresponsable.

 

Desde la publicación de dicha reforma en octubre de 2019, los bajacalifornianos vivieron un periodo de incertidumbre porque sus propias autoridades violentaron nuestro máximo ordenamiento jurídico. Derivado de lo anterior, distintos partidos políticos e incluso la CNDH, presentaron acciones de inconstitucionalidad para que el máximo tribunal mexicano realizara un análisis minucioso sobre lo ocurrido en Baja California y defendiera el Estado democrático.

 

El tema que a todas luces era jurídicamente sencillo, estaba demasiado politizado. Por ello, la sesión de este lunes del Pleno de la Suprema Corte, fue absolutamente alentadora. La legalidad y la voluntad ciudadana ganaron ante la insistencia de un gobernador por perpetuarse más tiempo en el poder.

 

En poco más de dos horas, escuchamos a los integrantes de la SCJN argumentar que la Ley Bonilla violentaba, entre otros, el principio de certeza jurídica al alargar el mandato del gobernador -que desde un principio había sido para dos años-, lo cual atacaba al sistema democrático de nuestro país y podría generar un mal precedente. Es así como por unanimidad se invalidó esa reforma y se ordenó que el gobierno de Jaime Bonilla culmine el 31 de octubre de 2021.

 

La autonomía e independencia de la Suprema Corte se vio reflejada en este acto, esperemos que siga trabajando de esa manera ante las intentonas de esta cuarta transformación por violentar el Estado de Derecho.

 

                                                                                                                                                        @kenialopezr