Sin aceptar modificación alguna, Morena y sus aliados en el Senado, aprobaron la Ley de Amnistía que permitirá liberar a cerca de 2 mil 600 presos, primo delincuentes y que no hayan usado la violencia y armas de fuego para la comisión del delito.
A pesar de las protestas y múltiples solicitudes de los senadores del PAN, PRI, PRD y MC, para incorporar al orden del día de la sesión de ayer lunes, temas que permitan enfrentar las crisis económica y sanitaria por la pandemia de coronavirus; Morena, PES, PT y PVEM, aplicaron su mayoría y evitaron abordar cualquier otro tema, incluido un punto de acuerdo anunciado por el coordinador del Verde, Manuel Velasco para impulsar un Plan de Emergencia Nacional en apoyo al bolsillo de los mexicanos y a las empresas, coincidente con las reiteradas peticiones de la oposición.
No obstante, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aclaró que mientras no concluya el período ordinario de sesiones, existe la posibilidad de volver a sesionar para otros temas, “no estamos cerrados; al contrario, sabemos el nivel de emergencia que estamos atravesando y, por tanto, vale la pena intentar todo lo que se pueda”, refirió.
Para sustentar que esta ley no obedecía a un “capricho” como acusó la oposición, la mayoría optó por integrar a los considerandos del dictamen que la Comisión coordinadora de la Ley de Amnistía, deberá tomar en cuenta para otorgar el beneficio, la “condición de extrema vulnerabilidad” a las personas adultas mayores, en particular con enfermedades crónico degenerativas, así como a mujeres reclusas que son madres, quienes son parte de la población de mayor riesgo ante la enfermedad del Covid-19.
Sin embargo, para fines prácticos dicha consideración no está incluida en la ley, toda vez que de haberse modificado el articulado, tendría que haberse regresado a la Cámara de Diputados y el trámite sería retrasado.
De esta manera, el dictamen aprobado fue enviado al Ejecutivo para su promulgación, quien deberá integrará la Comisión coordinadora que será la encargada de revisará los casos que le hagan llegar los interesados y deberán ser resuelta en un plazo no mayor a cuatro meses.
Transcurrido dicho plazo sin que se notifique su determinación, se considerará resuelta en sentido negativo y los interesados podrán interponer los medios de defensa que resulten aplicables.
aarl