El proyecto de la Cuarta Transformación implica alejarse del modelo anterior en el que la economía y el mercado sustituyeron al Estado. Conlleva también regresarle el poder de decisión a la población y no dejarla únicamente en las manos de corporaciones económicas o financieras.

Defender estos principios no es sencillo. Quienes ven alterados sus intereses difícilmente ceden terreno para permitir que los ideales democráticos de igualdad y justicia se antepongan a sus prioridades. Esta pugna, que ha estado presente desde el inicio del cambio de régimen, se vuelve aún más notoria durante los difíciles momentos que el país atraviesa a causa del COVID-19.

Ante esta crisis, las políticas de muchas naciones aún se encuentran guiadas por la mano invisible del mercado y por ello los programas económicos que se están diseñando tienen un corte parecido a lo que se hizo en 2008, cuando el mayor rescate fue a las corporaciones, y no en beneficio de las personas.

En México éste no ha sido el caso. Las acciones económicas anunciadas hasta el momento por el presidente parten de la convicción de proteger a la población más vulnerable, la que en momentos de crisis puede perderlo todo de un día al otro.

Asimismo, se han anticipado programas para apoyar a las empresas familiares y a los pequeños negocios que son los que más difícilmente pueden sobrevivir en momentos de desaceleración económica. Igualmente, se dio a conocer un plan energético que, junto al incremento a la inversión pública, está destinado a generar un número importante de empleos.

Esto no quiere decir que las grandes empresas sean excluidas del plan de recuperación económica, pero sí implica un reentendimiento de la manera en que los sectores privado y público colaboran. Sin embargo, al ser una visión distinta de la que dictan los rígidos moldes del modelo económico hegemónico, las acciones tomadas por el gobierno federal han sido fuertemente criticadas por quienes utilizan estos tiempos de crisis como una oportunidad para evitar los cambios que la actual administración ha impulsado desde su inicio.

Las reacciones de estos grupos se han radicalizado conforme la crisis avanza, creado divisiones incluso al interior de los sectores. En el ámbito privado, por ejemplo, hay una fracción que apoya el plan del presidente y otra que prefirió no hacerlo. Hay quienes diariamente hacen uso de algunos medios para desinformar y aumentar la incertidumbre y el miedo tan naturales ante este tipo de situaciones, y quienes buscan cualquier pretexto para desacreditar los esfuerzos realizados para hacer frente a la pandemia.

Estos sectores parecen no querer considerar como opción medidas económicas que no se apeguen a las que consideran efectivas. Buscan un diálogo cuyo resultado sea imponer su visión y no una solución consensuada que pueda sacar adelante a la mayoría del país. Inclusive, en ocasiones, pareciera que la crítica a las medidas económicas es secundaria, y que lo realmente importante es poder llevar la contra a las autoridades.

Ante estas presiones por regresar a la lógica pasada, por rescatar algunos cascajos del viejo régimen, el presidente de la República se ha mantenido firme a los compromisos que adquirió con el pueblo mexicano, y es así como saldremos adelante. Éstos son momentos de unidad, la pugna por el statu quo puede y debe, por ahora, esperar.

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