Luego de presentar un programa de rescate que ni es programa ni rescata nada, salvo su proyecto político, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició ayer con la operación cicatriz con el sector empresarial.

O dicho en sus palabras, la operación “sana, sana colita de rana’’.

Temprano el Presidente tuvo una plática virtual con algunos dirigentes de los organismos cúpula del sector privado, entre ellos su amigo Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a quienes trató de explicar su programa, así a secas.

Luego se reunió para comer con otros empresarios, entre ellos Emilio Azcárraga, presidente de Televisa y Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios.

Hubo otros más que no participaron en la reunión de la semana pasada, en la que el Presidente bateó la propuesta de los empresarios de aplicar un programa de tres meses y solo de uno (abril), porque la duración de la pandemia se calcula hasta septiembre próximo.

No se conoce cuáles fueron los acuerdos tomados, si es que hubo alguno, porque López Obrador ya les dijo que ni un peso para el rescate de los empresarios y todo el apoyo para los pobres.

Eso, a pesar de que se le ha explicado que no se trata de dádivas a los empresarios sino de proteger el empleo y activar la economía.

Lo que se sabe es que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ofrecerá una conferencia de prensa para “precisar’’ los alcances del programa de López Obrador y detallar cuáles serán las medidas de apoyo que el Gobierno podría aceptar como apoyo a los empresarios.

Ayer todos los organismos cúpula del sector privado, calificadoras e incluso bancos como el Bank Of America (BofA) descalificaron el programa anunciado por el Presidente.

El país está a dos pasos de perder el grado de inversión y con ello la confianza de los inversionistas; si eso ocurre, el crédito se encarecerá y no habrá forma de que internamente el país se recupere por sus propios medios.

A ver si después de la reunión de ayer y la conferencia de Herrera se logra salvar la distancia que el propio Ejecutivo ha puesto entre su Gobierno y el sector privado.

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Aunque muchos criticaron la devolución de los tiempos oficiales del Gobierno a los concesionarios de la radio y la televisión, lo cierto es que se trató del fin de un impuesto confiscatorio impuesto en 1968 por Gustavo Díaz Ordaz precisamente para coartar la libertad de expresión.

Como sabe los spots de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que se difunden en todas las señales de radio y televisión no representan ninguna ganancia para los radiodifusores.

Por el contrario, es una sobretributación que no se da en ningún lugar del mundo, y que además que se transmiten diariamente sin costo alguno.

El presidente López Obrador aseguró que la medida era una acción de justicia para que los concesionarios de una de las industrias más importantes para el desarrollo del país puedan comercializarlo y evitar así despedir a sus empleados.

Bien.

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La Junta de Coordinación Política del Senado sesionará hoy virtualmente, a propuesta de su presidente Ricardo Monreal.

Los temas a tratar serán el avance de la pandemia y el informe de López Obrador, sobre todo la constitucionalidad de algunas medidas anunciadas.

La convocatoria coincide con el reclamo que hizo la oposición ayer que demanda un programa económico “en serio’’ para atender no solo las consecuencias médicas sino económicas de la pandemia.

A ver.