La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) consideró que las órdenes de aprehensión giradas en contra de funcionarios de la ex Procuraduría General de la República (PGR) y un elemento de la Secretaría de Marina –por probablemente torturar a Carlos Canto Salgado, relacionado a la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014– es un avance de la Unidad Especial de la Fiscalía para el caso Ayotzinapa.

En un comunicado, Jesús Peña Palacios, representante Adjunto de la ONU-DH, recordó que, durante su visita a México, la alta comisionada Michelle Bachelet reconoció la voluntad de la actual administración para superar los cuestionamientos de instancias nacionales e internacionales respecto a la investigación.

“La ONU-DH es una aliada que no dudará en contribuir para que se den avances y reconocerlos, así como alertará de cualquier incumplimiento de los compromisos adoptados por el Estado mexicano”, refirió Peña.

El organismo ha manifestado que actuar en contra de la administración de justicia, manipular evidencias y ocultar la verdad, son violaciones al derecho a la justicia y al debido proceso que a su vez facilitan que la tortura y la desaparición forzada permanezcan en la impunidad.

El martes pasado agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Ezequiel Peña Cerda, director de área de la Agencia de Investigación Criminal; e Isidro Junco Barajas, encargado de la Seguridad de la Cámara de Diputados, quienes son señalados por delitos de tortura en el caso Ayotzinapa. El miércoles fue capturado el ex marino Ariel Agustín Castillo Reyes, también inmiscuido en este caso.

La Interpol emitió una ficha roja contra Tomás Zerón de Lucio, ex director de la AIC y Carlos Gómez Arrieta ex titular de la Policía Federal Ministerial.

LEG

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