Cuatro bolsas con 250 gramos de orégano ilustran la cantidad de mariguana que se podría trasladar sin que una persona sea acreedora a una sanción física o se le finquen delitos del orden federal.
Durante la reunión de las Comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislativos del Senado, el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, muestra las bolsas y pregunta a los asistentes si al ver un kilogramo de la planta no consideran que sería narcomenudeo.
La legalización de la mariguana será un parteaguas en la historia del país desde el punto de vista de la seguridad, las libertades individuales y la salud pública. Sin duda, el Senado discute un tema que habrá de impactar en la vida de cada uno de los mexicanos de distintas formas.
El dictamen se aprobó en lo general con la mayoría de los votos de la fracción de Morena, mientras que su discusión en lo particular se llevará a cabo en los próximos días. No se espera que la discusión sea serena, pues varios legisladores han expresado su rechazo a varios de los puntos contenidos en el texto.
Una observación expresada por la mayoría de los senadores de oposición es que el dictamen aborda y regula las vertientes para la comercialización de la planta, es decir, el negocio. Por otro lado, la vertiente de la salud pública apenas se toca.
Privilegiar el negocio sobre la salud podría traer consecuencias graves para la población y para ello habría que consultar las estadísticas de Uruguay, primer país en el mundo en legalizar el consumo lúdico del cannabis.
Según el Gobierno uruguayo, los consumidores de mariguana pasaron de 9.3% en 2014, recién aprobada la legalización, a 14.6% en 2018.
Otro de los datos que llaman la atención a casi cinco años de que el país sudamericano determinó legalizar el consumo recreativo es que a diciembre de 2019, sólo uno de cada tres consumidores obtuvo mariguana en los canales legales, la mayoría lo hizo a través de mercado negro.
Ambos datos suponen que el consumo crece (para lo que los servicios de salud y prevención de adicciones deben contar con más recursos), mientras que las personas obtienen la planta a través de conocidos o en el mercado negro, sitios en donde no es posible la recaudación.
También, al elevar el gramaje tanto para el consumo personal como para el establecimiento de multas o penas corporales: Para consumo individual se prevé subir de 5 gramos, equivalentes a cinco cigarrillos; a 28 gramos, lo que sería suficiente para “forjar” alrededor de 87 carrujos.
La portación de 200 gramos sería acreedora a una multa económica; es decir si usted trae consigo 625 churros de mariguana, no debe temer ir a la cárcel, pues hasta donde los legisladores entienden eso no sería suficiente para considerarse como narcomenudeo.
Así, de encontrarse una cantidad superior a los 200 gramos, pongamos de ejemplo unos 700 cigarros de mariguana, la pena estaría considerada entre tres a seis años de prisión por un delito que no es federal; serían las autoridades judiciales estatales las encargadas de lidiar con el problema, ello a pesar de que la recaudación derivada del “negocio de la cannabis” se canalizará a la Federación. En pocas palabras: El Gobierno federal recibe las ganancias y los estatales sólo las consecuencias.
@osdtagle