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El Expediente Peña

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“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre,
acabarás formando parte de ella”
Joan Baez

Nunca antes en la historia de este país, un Presidente o ex Presidente ha sido llevado a la justicia, prefieren exiliarlos o asesinarlos, ahí está el caso de Francisco Madero. Actuar contra un mandatario o ex mandatario sería sacudir los cimientos del sistema político – jurídico mexicano. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara al respecto, en su artículo 80 señala que el poder del Ejecutivo reside en una persona por seis años: el Presidente de la República. En efecto, es un poder personal sexenal.

A diferencia de los poderes legislativo y judicial compuesto por cientos de individuos, el Poder Ejecutivo Mexicano reside en un individuo. Por ello, el Presidente a través de los tiempos ha sido receptáculo de todos los parabienes, embrujos y entuertos posibles, porque en los hechos, es el responsable de uno de los poderes de la República.

Por ello, son relevantes las señales internas y externas respecto a un probable juicio contra los ex presidentes, pero en particular contra Enrique Peña Nieto. En varios momentos, se ha hablado de una especie de “Pacto Secreto” para proteger desde la 4T al ex mandatario, sin embargo, señales recientes indican que tal pacto habría sido un cuento creado para mantener un cierto halo de protección contra Peña.

Sin embargo, los indicios se acumulan uno a uno, de manera pausada, en lo que parece el intento de cerrar un cerco contra el ex gobernador del Estado de México. Primero fue su ex abogado. En julio del 2019, un juez federal vinculó a proceso al abogado Juan Collado por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la simulación de la venta de un terreno en Querétaro, a través de una empresa fantasma y con suplantación de identidades.

Un mes después su Secretaria consentida, la ex perredista Rosario Robles, fue vinculada a proceso por un juez federal, por el probable uso indebido del servicio público cuando estuvo frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) desde donde se operó la llamada “Estafa Maestra”.

El 14 de febrero de este año, Emilio Lozoya Austin, operador de campaña del ex mandatario y Director de Pemex al inicio de su gestión, fue detenido en España. Lozoya fue capturado en Europa en cumplimiento de dos órdenes de arresto emitidas por jueces mexicanos. Una de ellas le acusa de recibir al menos 9,1 millones de dólares en sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht, para asegurar contratos una vez que el político fuera nombrado director de la empresa productiva del Estado.

Ese día, El País cabeceó la nota de Luis Pablo Beauregard: “La caída de Lozoya eleva la presión sobre el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto”, y remataba: “El que fuera director de Pemex se suma a un grupo de antiguos funcionarios cercanos al exmandatario que son investigados por corrupción”.

Cinco días después, el 19 de febrero, The Wall Street Journal destacaba: “Mexico Is Investigating Ex-President Enrique Peña Nieto, Top Official Says” y subrayaba que la vinculación viene del caso de Emilio Lozoya-Pemex-Odebrecht.

Y en efecto, abogados que trabajan para el gobierno de la 4T, aseguran que el objetivo central de la investigación es vincular al expresidente con “el personaje que acaban de detener en España”. Al momento, no hay fuero ni protección legal que impida a los expresidentes enfrentar un juicio de carácter penal. El caso Odebrecht ha derribado Presidentes y ex presidentes en todos los países donde operó, hasta el momento, México ha sido la excepción.

El presidente López Obrador ha descartado llevar a juicio a sus predecesores e insiste en que si los mexicanos quieren que se haga de otra forma que “se organicen y recaben firmas”. Sin embargo, con la “autonomía” de la Fiscalía General de la República, no resulta necesaria ni la consulta, ni las firmas, ni la aprobación del Presidente. LA FGR puede actuar por cuenta propia, y si existe un expediente, este ya debe estar radicado en las oficinas de Alejandro Gertz.

Y de que existen elementos para un juicio, los hay y de sobra. Recientemente, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que detectó presuntas irregularidades por más de 544 mil millones de pesos en el gobierno de Enrique Peña, luego de que la dependencia realizó 2 mil 500 auditorías, que han derivado en la emisión de 10 mil observaciones y el inicio de más de 400 procedimientos de responsabilidades administrativas.

Al presentar su informe de labores, la Secretaria Irma Eréndira Sandoval, explicó que el monto ejercido con presuntas irregularidades es superior al presupuesto federal total de los sectores de Educación y Salud, ambos con los mayores más recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Entre los casos ejemplares de corrupción detectados está el desvío del trazado de una carretera en Puerto Vallarta-Manzanillo para liberar terrenos junto a la playa y beneficiar a un desarrollador turístico; así como el sobrecosto de mil 442 millones de pesos en la carretera de Amozoc-Perote y el libramiento de Perote en Veracruz.

Otro ejemplo, fue el “desfalco” en el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indabin) con la cesión indebida de 2.42 hectáreas del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal, a dos empresas y dos personas físicas, con un probable daño patrimonial de 940 millones de pesos.

En otros casos, como el del aeropuerto que se construía en Texcoco, la Función Pública identificó irregularidades por cerca de 19 mil millones de pesos, que incluyen más de 6 mil millones de pesos en anticipos que están pendientes de amortizarse o recuperarse y otros 6 mil millones de pesos usados para pagar obras sobre las que no hay evidencia de ejecución o en gastos indirectos no justificados. Y así se acumulan los expedientes.

Aunque el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ha rechazado que exista una investigación sobre el expresidente Peña; el Fiscal General, Alejandro Gertz, asegura que: “El cerco sobre Peña Nieto se ha estrechado por razones naturales”. Ya veremos.

De la libreta

a) Siguen los intentos de desestabilización en la UNAM. El jueves 20 de febrero, cuatro camiones con presuntos normalistas provenientes de Michoacán intentaron tomar la Facultad de Ciencias Políticas que, a su vez, se encuentra tomada por colectivos feministas. Hay informes de qué hubo una negociación con la Directora de la escuela, Angélica Cuéllar. ¿La hubo? Cuéllar tendría que informar al respecto. Además, las instalaciones del CCH Atzcapotzalco fueron asaltadas por un grupo organizado de encapuchados armados quienes agredieron de forma muy violenta a profesores y alumnos.

b) La Secretaría de la Función Pública lleva a cabo una investigación respecto a los activos y actividades que realiza el Sindicato de la Secretaría de Salud que dirige Marco Antonio García Ayala. Se esperan sorpresas.

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