El juego de secuestrar

Al interior de la UNAM el personal académico se pregunta: ¿Para qué existe una normatividad jurídica interna si no se aplica?, y la interrogante la lanzan en el contexto de que el secuestro de instalaciones, sean preparatorias, CCH o facultades, se ha convertido en un perverso juego político a costa de la afectación de miles de estudiantes. Es una práctica fácil que sigue siendo tolerada. Además, trasciende que hay gente encapuchada que no es universitaria y sólo aprovecha la situación para saquear oficinas y acumular poder al amparo de la impunidad. Los daños a la educación empiezan a ser muy abultados… donde también abona la pasividad de las autoridades, según dicen. ¿Será?

Impulsarán Ley Antilavado

Parece que entre los legisladores de Morena hay ya un consenso para impulsar la iniciativa de reforma a la denominada Ley Antilavado; esto, tras las observaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional hizo para dotar de autonomía de gestión a la Unidad de Inteligencia Financiera que lleva Santiago Nieto. La propuesta presentada por el senador Ricardo Monreal pretende, entre otras cosas, investigar operaciones relacionadas con el financiamiento al terrorismo, monitorear las operaciones de Personas Expuestas Políticamente y la obligación de que empresas dedicadas a actividades “vulnerables” sometan sus tareas a una evaluación. ¿Será?

Construcción a todo vapor

En China, donde hay más de 50 millones de personas aisladas y en cuarentena, es posible construir en tan sólo 10 días un hospital de mil 600 camas, y aquí no podemos demoler un hospital que se encuentra abandonado en la Calzada Zaragoza desde el sismo de 2017. Tecnología, recursos, voluntad política… ¿qué más?. ¿Será?

¿Error de la defensa?

Ahora que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena pidió atraer el caso en que la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia capitalino sentenció al articulista y académico Sergio Aguayo a pagar una millonaria compensación al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, dicen que el tema ha sido ya sujeto de análisis entre varios especialistas del Derecho en todo el país. Entre las coincidencias destaca que el asunto claramente sienta un precedente muy riesgoso para la libertad de expresión; no obstante, aseguran, pudo haberse desechado si la defensa legal del también politólogo le hubiera sugerido hacer una precisión respecto a la liberación del priista en España, sin ser necesaria la publicación de una disculpa pública ni manifestar un cambio de su más que acertada opinión. ¿Será?