Adrian Trejo

La discusión que se avecina por las modificaciones que se realizarán en la Constitución y a leyes sencundarias en materia de justicia será de pronóstico reservado.

Hay en las iniciativas propuestas que atacan problemas actuales, como el aumento de la participación de menores de edad en crimenes como el homicidio, que van a generar un largo y acalorado debate.

En el caso de la justicia para adolescentes, la propuesta es tan sencilla -y obvia- como audaz: ¿entiendes el delito que cometiste? ¿Si?, entonces será sancionado de acuerdo a esa responsabilidad.

Es decir, se busca que los cárteles desestimen a los adolescentes como sicarios o mulas para el tráfico y distribución de drogas.

La discusión será a partir de qué edad un adolescente es conciente de sus actos.

La propuesta, en este caso, también incluye sancionar a los padres o tienen la patria potestad o custodia; el Estado deberá reparar el daño.

También se propone una reforma al Código Penal Nacional; dicha reforma busca homologar todos los delitos, su tipicidad y agravantes, en una sola ley que le dé certeza y equilibrio a la defensa social en todo el país, y con ello evitar tener 32 códigos como ocurre en la actualidad.

La ventaja de la refoma propuesta es que establecerá, si se aprueba, con toda precisión la competencia local y la federal para evitar pretextos sobre en quién recae la autoridad para el combate de ciertos delitos.

Eliminar los pretextos pues, para que los gobernadores o presidentes municipales se hagan de la vista gorda en el combate a la delincuencia.

Y aunque en teoría ya la hay, se afinarán los términos de la corresponsabilidad entre autoridades federales y estatales, de manera clara y específica en su lucha contra la delincuencia organizada.

Hay también un proyecto Ley Nacional de Ejecución Penal que establece, básicamente, que todos los delincuentes primerizos deben tener cárceles abiertas bajo control, para no convertirlos en alumnos de las escuelas del crimen.

Esto es, que puedan salir ciertos días a trabajar o estudir pero regresar a la prisión a cierta hora; el que no cumpla perderá ese beneficio y será un reo común.

Se busca que el juez pueda conceder incentivos al reo que trabaje en prisión para readaptarse y penas con agraventes a quien se niegue.

Son apenas esbozos de lo que será un paquete muy completo de iniciativas con los que se busca prevenir y combatir con mejores elementos jurídicos la delincuencia.

La discusión apenas comienza.

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Por cierto, entre juristas se rumora que la Fiscalía General de la República busca revivir la figura del arraigo, esa que se uso indiscriminadamente para encerrar a delincuentes sin siquiera tener una investigación completa en su contra.

Si es así, el debate se pondrá más intenso.

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El Tribunal Electoral le volvió a dar un palo a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia Partidista de Morena, por andar metiéndose en asuntos legislativos en los que no tiene competencia, como la “amonestación’’ a Ricardo Monreal y la expulsión de Lilly Téllez.
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Nada bien cayó entre el panismo de San Luis Potosí el “autodestape’’ del presidente municipal de la capital, Xavier Nava Palacios, para competir por la gubernatura del estado.

La última encuesta sobre el desempeño del alcalde arrojó que el 60% de habitantes de la capital de San Luis no están conformes con el desempeño de su alcalde.

Eso no parece importarle a Nava, que se anda promoviendo como eventual candidato a la gubernatura aunque se dice que en realidad quiere competir nuevamente por la presidencia municipal.

Falta mucho; a ver si le alcanza.