El Gobierno federal y la Fiscalía General de la República impulsan reformas constitucionales a fin de mejorar la impartición de justicia, entre as que se incluyen ampliar la figura del arraigo para todos los delitos, mayores sanciones para adolescentes y homologar un Código Penal para todo el país, entre otras propuestas.

A pesar de haber anunciado que ayer serían entregadas nueve iniciativas de reformas constitucionales y a diversos ordenamientos de procuración e impartición de justicia, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez; el Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, presentaron sólo verbalmente a la Junta de Coordinación Política del Senado, los anteproyectos de ley, con la promesa de que el 1 de febrero les entregarían los documentos.

En este contexto, el Fiscal General reconoció que está creciendo el número de niños y adolescentes dedicados al delito, por lo tanto adelantó que en la iniciativa de reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se establece que todo el que entiende que está cometiendo un delito debe ser sancionado, así como a quien ostente la patria potestad, por lo que el menor será castigado con la cantidad de años consecuentes a la comisión del delito.

Mientras que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, aclaró que no se van a apresurar en la aprobación de las propuestas, “porque queremos otorgar instrumentos que permanezcan y que sean eficaces para enfrentar el problema de la inseguridad, impunidad y violencia”, y señaló que el análisis será a través del Parlamento Abierto.

Entre los anteproyectos de los cuales 24 HORAS tiene copia se propone mantener y ampliar la figura del arraigo para todos los delitos y no solo para delincuencia organizada como se establece en la legislación actual.

Se reduce el plazo de arraigo a 40 días máximo a diferencia de los 80 días que están vigentes y, “se amplía para todos los delitos, eliminándose la restricción de su aplicación a delitos en materia de delincuencia organizada”, señala sin tomar en cuenta las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que ha hecho llamados al gobierno mexicano para eliminar la figura del arraigo, toda vez que la considera violatoria de las garantías individuales.

También plantea un Código Penal Nacional que establezca las  reglas generales para la persecución de los delitos; los tipos penales que regirán a nivel nacional y sus sanciones, así como aquellos que conocerá de forma exclusiva la federación.

Dicho Código deja la facultad de los Congresos locales para legislar y expedir los tipos penales y sanciones de conductas eminentemente del fuero común cuando sean diversas a las conductas previstas en la legislación nacional penal.

Además se busca aplicar la justicia cívica a partir de los 12 años de edad, como los establece la propuesta de nueva ley de Ley de Justicia Cívica.

 

El fiscal Gertz Manero reconoció que la falta de justicia se sustenta en tres factores fundamentales: una enorme inseguridad, una enorme corrupción y una enorme impunidad.

 

De la llamada “puerta giratoria”, señaló que “lo han tenido que confesar o reconocer y aquí (en el Senado) hay funcionarios que lo han dicho con mucha claridad, se creó lo que se llama una ‘puerta giratoria’ y, por un lado, entraban y por ese mismo salían”.

 

FRASE

“Todas estas iniciativas pretenden formar un nuevo paradigma que nos lleven a consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia, que sustituya al actual que ha fracasado y que nos ha llevado a un récord nada envidiable de casi 99% de impunidad en México”.
Julio Scherer Ibarra
Consejero jurídico de la Presidencia

LEG