Hoy comienza en la Cancillería la reunión anual de embajadores y cónsules de México en el mundo, al que acuden los diplomáticos nacionales a recibir línea sobre el tratamiento internacional que debe darse a temas de interés nacional.
La reunión será inaugurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien deberá explicar al cuerpo diplomático cuál será la posición del país en varios temas que comprometen la posición de México ante el mundo.
Por ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿el país reconocerá al nuevo Gobierno una vez que lanzó la convocatoria para nuevas elecciones presidenciales o seguiremos defendiendo a Evo Morales?
En el caso de Venezuela, pese a los testimonios internacionales, ¿el Gobierno mexicano seguirá apoyando al dictador Nicolás Maduro, cuando el resto de las naciones latinoamericanas han reconocido a Juan Guaidó como el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana?
En el caso de Estados Unidos, ¿México apoyará a su vecino del norte ante una eventual guerra en el Medio Oriente? ¿Cree el Presidente y su canciller, Marcelo Ebrard, que eso no nos perjudicará? ¿O tienen otros datos?
En síntesis, el Presidente deberá exponer al cuerpo diplomático cuándo México debe aplicar su famosa política de asilo, de no intervención, porque muchos funcionarios en el exterior andan como lampareados.
Invocamos nuestra “tradicional política de asilo’’ en el caso de Evo Morales y violamos el principio de “no intervención’’ al permitirle hacer política e incluso preparar un cerco a la capital de Bolivia para dejarla sin alimentos.
La política de asilo siempre se aplicó en los casos en que los asilados eran perseguidos por sus ideas y posiciones políticas, pero no se había dado el caso de que favoreciera a un ex presidente a quien la OEA documentó el robo descarado de una elección en la que pretendía reelegirse por cuarta ocasión, violando su propia Constitución.
Seguro que los embajadores y cónsules -ahora también con la obligación de promover el turismo, atraer inversiones, repatriar a los mexicanos muertos al costo que sea, pues es compromiso presidencial-, lo único que quieren es uniformidad en las líneas de acción.
Porque ya va siendo costumbre que las decisiones de política internacional se tomen de acuerdo al estado de ánimo.
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Sin mucho ruido, ayer se informó del nacimiento oficial del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que será el encargado de atender controversias obrero-patronales antes de que éstas lleguen a tribunales y de conceder la “toma de nota’’ de los sindicatos.
De hecho, tendrá más atribuciones sobre los sindicatos, de acuerdo al nuevo modelo laboral que impulsa este Gobierno como condición para la firma del T-MEC.
El nuevo Centro no solo se encargará del registro a nivel nacional de organizaciones sindicales, de sus contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo.
Y hará algo que puede interpretarse como injerencia pero que era condición impuesta por los poderosos sindicatos estadounidenses y canadienses, será “la verificación de procedimientos de consulta y democracia sindical’’.
Ya tiene el primer caso que analizar por órdenes del presidente, el caso de la elección del nuevo dirigente del sindicato de Pemex, que no le gustó ni tantito a López Obrador.
A ver qué tiene que explicar la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
LEG