Dentro de una semana, el 16 de diciembre, el gobierno de la Ciudad de México obligará a las apps de movilidad como Uber, DiDi y Cabify entregarle de manera quincenal una base de datos sobre todos y cada uno de los viajes que realizan.
Ello bajo el argumento de mejorar la seguridad de los usuarios, sin embargo, expertos señalan que dicha práctica, proveniente del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, constituye un sistema de vigilancia masiva.
“Este tipo de medidas de vigilancia masiva no son los más adecuados para lograr objetivos como el combate contra la inseguridad.
“La ONU y el Alto Comisionado de Derechos Humanos han instado a los gobiernos a evitar crear programas de vigilancia masiva, porque a partir de este tipo de información se pueden desprender aspectos muy relevantes de la vida privada de las personas”, consideró el experto en seguridad de la Universidad Iberoamericana, Diego García Ricci.
Agregó que los datos entregados a la Secretaría de Movilidad (Semovi), a cargo de Andrés Lajous, permitirían identificar a los usuarios de las mismas plataformas, así como rastrear sus movimientos y actividades, lo que contraviene al derecho a la privacidad.
Adicionalmente, Semovi desarrolla una app de movilidad propia llamada “Mi Taxi”, lo que levanta suspicacias, pues tras el requerimiento de datos a las apps de movilidad, las autoridades podrían incurrir en una práctica monopólica.
García Ricci dijo temer que la intención de Semovi detrás del requerimiento de datos personales esconda la intención del gobierno capitalino de llevar a cabo minería de datos, es decir, extraer información de los usuarios de las plataformas digitales de movilidad que pudieran privilegiar a la app “Mi Taxi”.
DAMG