Después de la accidentada elección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal pretende que la elección de la nueva ministra de la Corte no deje también saldo negativo.

Las candidatas propuestas por López Obrador, Margarita Ríos-Farjat, directora del SAT,  la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez Maury y Ana Laura Magaloni, académica del CIDE, comparecerán mañana ante Senadores.

En la bancada de Morena la mayoría se perfila por apoyar a Ríos-Farjat, pero, al igual que pasó con Piedra Ibarra, no hay un apoyo absoluto porque se espera la línea de ya saben quién, como sucedió en la CNDH.

En ese caso, no fue sino hasta que López Obrador dijo que prefería a una persona que sabía lo que padecían los ciudadanos a quienes se viola los derechos humanos por sobre quienes tienen “maestrías y doctorados”, que se unificó el criterio en la bancada.

La votación podría ser el jueves próximo; cada una de las candidatas tendrá 20 minutos para exponer su visión de la justicia y la Corte.

La votación se hará por cédula, es decir, a través del voto secreto y directo; si en la primera votación nadie alcanza la mayoría calificada habrá inmediatamente otra, sin debate.

Si en la segunda votación tampoco nadie alcanza la mayoría calificada ya no habrá una tercera votación, como ocurrió con Piedra Ibarra, sino que la terna se tomará por rechazada y se notificará al Presidente a fin de que envíe una nueva propuesta.

El perfil de quienes fueron propuestas debería ser lo importante, sin embargo, dado el antecedente de la elección de la presidenta de la CNDH y los saldos negativos que dejó para la imagen de la Cámara alta, el método ocupa ahora la atención de los medios.

Eso es pirotecnia política, porque lo que en realidad está en juego es sumar a la Corte a una ministra que le deba el cargo al Presidente o que sume para transformar y defender la autonomía del Poder Judicial, tan cuestionado recientemente por fallos sospechosos de jueces y magistrados.

¿Quién le gusta para trabajar por reformar al Poder Judicial y no para servir al Gobierno en turno?

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La semana pasada la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), decretó que Grupo IUSA no incurrió en colusión ni en prácticas monopólicas en licitaciones de medidores de luz para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La investigación duró 2 años y 6 meses y fue promovida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), encabezada por Claudio X. González.

Con la resolución de la COFECE se reivindicó la imagen de Grupo IUSA, pero quedó en duda si la demanda de MCCI fue “desinteresada”, es decir, si obedeció a la seguridad de que hubo transa en la licitación o si fue por algún interés mercantil.

Como sea, ahora Grupo IUSA analiza qué recursos legales puede presentar en contra de MCCI y Claudio X. González por la campaña “de difamación” que le acarreó la denuncia por colusión que, como ya se vió, fue desechada por la COFECE.

A ver.

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Alguien despertó al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien por fin ayer declaró que, efectivamente, tiene “algunos problemas” con su gabinete, dos de cuyos integrantes fueron denunciados en medios de comunicación por supuestos actos de corrupción.

Eso que apenas llevan un mes.

Imagínese si la Corte falla a favor de extender su mandato a cinco años.