Ni un mes acababa de cumplir el gobierno de Jaime Bonilla y ya tuvo que “licenciar” a dos integrantes de su gabinete por presuntos actos de corrupción.

La semana pasada la prensa local dio a conocer un audio y una copia de mensajes de whatsapp, entre la secretaria de Integración y Bienestar Social, Cynthia Gissel García Soberanes, en el que reclamaba a cierto empresario el pago de un “moche”.

La revelación generó una ola de críticas a Bonilla quien llegó a la gubernatura bajo la bandera de Morena con la consigna de ser un “gobierno diferente”.

El escándalo alcanzó al oficial mayor del incipiente gobierno, Jesús Núñez, quien ayer también se separó del cargo “en tanto se investigan las acusaciones”.

Ambos funcionarios, García Soberanes y Núñez, tendrán que enfrentar una investigación pero, a diferencia del ahora ex oficial mayor, la secretaria de Bienestar “enfermó’’ súbitamente a tal grado que el Gobierno estatal declaró que se encontraba “en estado de coma”.

Nadia ha podido confirmar que tal aseveración es cierta.

El secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, fue quien informó del repentino mal que aconteció a la funcionaria denunciada, quien, dijo, es una sobreviviente del cáncer.

Lo increíble del asunto, es que, según Lozano, fue la hija de la funcionaria quien le comunicó el estado de salud de su madre y fue también ¡quien solicitó la licencia!

Si no fuera trágico sería cómico.
El caso es que esta temprana denuncia en contra de dos colaboradores de alto nivel de Bonilla, quien no ha salido a declarar, colocan en el peor de los escenarios al Gobierno de Baja California que pelea por la extensión de su gestión por tres años más.

¿Para eso lo quieren?

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Nada nuevo bajo el sol en el cuarto informe de López Obrador.

Vamos bien.

Estamos de buenas.

Un amago de autocrítica con el tema del crecimiento económico.

Por lo demás, más que informe, fue el centésimo acto de campaña del Jefe del Ejecutivo, en el que los adjetivos a sus adversarios no faltaron -¿cómo iba a pasar?- y la autocomplacencia se paseó por el Zócalo.

Del otro lado de la moneda, el grupo de ciudadanos que protestaron por la gestión de López Obrador sumó a muchos más que los primeros eventos.

No para competirle al acarreo registrado en el Zócalo –aunque hay que aclarar que al margen de las “cuotas’’ de simpatizantes que los gobiernos estatales de Morena debía llevar al Zócalo hubo cientos, quizá miles de mexicanos que llegaron por sus medios al evento lopezobradorista-, pero cada año suman más.

Y en más estados también hubo protestas.

No puede compararse aún el número de participantes entre uno y otro evento, pero debe llamarle la atención a López Obrador y su gabinete que de a poco van siendo cada vez más nutridas las protestas en contra.

Algo deben de decirles estas marchas.

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En San Luis Potosí ya no la ven llegar.

Ahora no solo deben enfrentar a la delincuencia organizada sino a la delincuencia común que ha hecho de la capital, San Luis,  su botín particular.

Asaltos a comensales y empleados de restaurantes, a transeúntes como le ocurrió a la hija del delegado del INAH, Juan Carlos Machinena Morales, que a plena luz del día en una calle del centro de la ciudad fue encañonada en la cabeza para robarle.

Y el presidente panista Xavier Nava pasmado, sin reaccionar a la emergencia.

Por cierto, hablando de Xavieres, ¿será cierto que el alcalde Nava protegió al diputado federal Xavier Azuara quien habría estrellado su auto en un camellón en una avenida de la capital por andar de fiesta?