Tres afirmaciones vienen a colación tras la publicación de las más recientes cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública: el presidente López Obrador heredó una de las peores crisis en esta materia, los esfuerzos realizados por la presente administración, a fin de reducir los índices delictivos, no han arrojado los resultados deseados y, de no corregir la estrategia, este sexenio podría resultar el más violento de la historia moderna del país.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va de 2019, se han registrado 29,574 asesinatos (homicidios dolosos y feminicidios), cifra que resulta mayor a la del primer año de Enrique Peña Nieto (21,567), Felipe Calderón (10,427) y Vicente Fox (13,917).

Los comparativos ilustran la gravedad del caso. La cifra dada a conocer la noche del pasado miércoles refleja que cada día se cometen, en promedio, 95 ejecuciones, cuatro cada hora. En términos de feminicidios, el reporte es de uno cada 24 horas.

Pocas son las entidades que escapan al fenómeno de la inseguridad. Sin embargo, los estados con mayor incidencia son Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Guerrero y Ciudad de México.

Difícilmente el presidente López Obrador reconocerá que su estrategia no ha sido efectiva. La primera reacción ante la difusión de estas cifras fue congruente con los argumentos que ha difundido desde el primer día de Gobierno: acepta que se trata del problema que más preocupación le genera, que su administración lo atiende de manera personal y cotidiana a través de las reuniones matutinas que celebra el Gabinete de Seguridad y que se ha “logrado estabilizar el crecimiento desmesurado y progresivo de la violencia”.

Además de señalar a sus predecesores como los responsables de esta situación por haber fomentado políticas que multiplicaron los índices de inseguridad y violaciones a los derechos humanos, no ha dejado de insistir que su gobierno no combatirá al crimen organizado mediante el uso de la fuerza, aunque ésta se haga cada día más necesaria.

A menos de un año de haber asumido la primera magistratura, Andrés Manuel López Obrador enfrenta la primera gran crisis de su sexenio. Los efectos secundarios comienzan a ser palpables, particularmente en sus índices de aceptación. De acuerdo con el estudio que a diario publica Roy Campos en el diario El Economista, la aceptación presidencial ha caído alrededor de 8 puntos en los últimos siete meses, para colocarse en 57%.

Hay quienes apuestan a un eventual desgaste del primer mandatario para un posible giro en la estrategia de seguridad. Aunque las opciones no son muchas y la confrontación directa con las organizaciones criminales se descarte por el momento como una opción, es altamente probablemente que la realidad acabe por alcanzar al inquilino de Palacio Nacional.

Segundo tercio. Bien ha hecho el Gobierno en acabar con los subsidios a las organizaciones campesinas que, a través del chantaje, han succionado durante décadas al erario para mantener sus cuotas en beneficio de unos cuantos líderes. El costo ha sido alto, pero en el mediano plazo habrá valido la pena.

Tercer tercio. Todo listo para la cuarta corrida de la Temporada Grande en la Plaza México. Harán el paseíllo Juan Pablo Sánchez, Diego Silveti y Ginés Marín, con toros de Villa Carmela.